Nacional
entrevista
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública

"Responderé a la ley, no al nombramiento"

Quien fuera compañero de Luis Videgaray en la escuela, afirma que la investigación sobre el posible conflicto de interés de la compra de casa de Ángelica Rivera y de personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto con el Grupo Higa, se centrará en la revisión de contratos.
Heriberta Ferrer
05 febrero 2015 0:7 Última actualización 05 febrero 2015 5:0
Virgilio Andrade, ayer en su oficina después de la entrevista con este periódico. (Heriberta Ferrer)

Virgilio Andrade, ayer en su oficina después de la entrevista con este periódico. (Heriberta Ferrer)

CIUDAD DE MÉXICO. Cercano a secretarios de Estado y al equipo del presidente, Virgilio Andrade Martínez rechaza que en las investigaciones vaya a influir la amistad con los servidores públicos, incluso con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fue su jefe y compañero de escuela.

Y ante el excepticismo de que un subalterno del mismo presidente encabece una investigación independiente dice que está sujeto a Ley Federal de Servidores Públicos y adelanta que a invitación de la Secretaría se conformará un panel de expertos que conocerán de la indagación.

En entrevista con EL FINANCIERO, Andrade Martínez reconoce que el tema de la corrupción ha adquirido prioridad en el gobierno federal para acotar prácticas indebidas de servidores públicos.

Para combatir la opacidad plantea mayor información y transparencia, y para prevenir la corrupción destaca la elaboración de la lista de funcionarios inhabilitados y dar a conocer el porqué de la sanción.

En mayo, la Secretaría pondrá en operación la plataforma de declaraciones de funcionarios en formatos sobre posibles conflictos de interés, en tanto trabaja en la conformación de listados de funcionarios relacionados con las contrataciones públicas y la creación de la Unidad Ética y los comités de ética del Poder Ejecutivo.

Y reconoce que hacen falta elementos preventivos para no incurrir en irregularidades en el momento de asignaciones, así como trabajar en la dureza de las sanciones, por lo que será un secretario “preventivo no reactivo”.

–El Presidente le encomendó investigar el posible conflicto de interés de la compra de casa de su esposa y de personajes cercanos a él con el Grupo Higa ¿cómo será posible?
–Investigando los contratos de los particulares que vendieron las casas con los contratos que celebraron con el gobierno federal y esa es la forma de saber si dichos contratos fueron asignados de manera correcta o no.

–¿No influirá su amistad con los funcionarios?
–No hay manera de que influya porque hay hechos y elementos que no pueden ser distorsionados porque están documentados con distintas minutas, y otros elementos.

–¿Ni su amistad con Videgaray y el mismo presidente, la oposición cuestiona cómo se va a creer en una investigación si se le asigna a un subalterno de la misma administración?
–Lo que sucede es que los secretarios de Estado y en este caso personal, estoy sujeto a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes, yo respondo a las leyes no a los nombramientos.

–¿Cómo va a integrar el grupo de expertos que revisará la investigación?
–Preliminarmente será integrado por despachos, por voces calificadas del sector privado y por académicos, la Secretaría va a estudiarlo y está contemplado que la misma Secretaría los escoja y les invite a participar.

–¿El rescate de la Secretaría de la Función Pública era necesario ante las críticas internacionales de la corrupción de autoridades, la falta de rendición de cuentas y de sanciones, y el caso Ayotzinapa?
–El tema ha adquirido prioridad, y al tomar prioridad el Presidente toma decisiones con base en instituciones que tiene a la mano y la institución que tiene a la mano es la Secretaría de la Función Pública.

–¿Hace falta fortalecer esa visión de que el gobierno está combatiendo la corrupción, la opacidad y rendición de cuentas que la sociedad está exigiendo?
–Es condición necesaria informar cuáles son las acciones concretas que cotidianamente realiza el gobierno para combatir la corrupción. Y las medidas del presidente así lo apuntan.

–¿Con qué va a empezar de las ocho medidas anunciadas por el Presidente?
–Con la introducción en la plataforma de declaraciones de los formatos sobre conflictos de interés que aparecerán en mayo; la conformación de los listados de servidores públicos vinculados con las contrataciones públicas; con la transformación de ciertas estructuras de la Secretaría de la Función Pública para que tengamos una Unidad de Ética y prevención del conflicto de interés.

–Durante años, la Contraloría y Función Pública han trabajado en crear códigos de ética, cursos a los funcionarios, pero no se han visto reflejados en indicadores.

–Esa es parte de las recomendaciones de la OCDE para que evolucionen de ser principios hacia reglas y protocolos de actuación de los servidores públicos frente a contrataciones públicas, frente a licitaciones, fundamentalmente.

–El país ha sido muy mal calificado en la lista de 34 países de la OCDE, México está en el lugar 34 y Transparencia Internacional México ubica al país en el lugar 103 de 175 países, ¿qué ha faltado?

–Uno, no sólo estamos inmersos en un sistema de un gobierno federal, hay también gobiernos estatales y municipales sujetos a sus propios procedimientos de auditoría y fiscalización. Segundo, las buenas prácticas contemporáneas aconsejan tener además de una Contraloría o de una secretaría como esta, órganos autónomos o tribunales que apliquen sanciones por uso indebido de recursos públicos y no se quede únicamente en el gobierno. Tres, aún falta construir y fortalecer elementos de mayor transparencia particularmente en lo que son las evoluciones de las contrataciones públicas. Estos son preliminarmente los elementos que han impedido estar en una mejor situación desde el punto de la percepción global.

–¿Será el nuevo zar anticorrupción?
–En realidad soy el contralor general del gobierno en términos materiales, es decir él que da seguimiento o control con fiscalización a las tareas de los órganos que integran el gobierno.

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