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Tras la revelación de que, en la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se elaboró un informe que señala, según testimonios, la posible desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del mes de febrero al 16 de mayo del 2018, el Gobierno Mexicano lanzó un comunicado en respuesta al documento.
El texto señala que dichas personas habrían sido privados de la libertad por miembros de una fuerza de seguridad federal sin que se conozca su paradero.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid bin Ra´ad Al Hussein, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para implementar medidas urgentes al respecto.
Ante ello, se informó que, sin tener conocimiento oficial del informe aludido, la cancillería mexicana solicitó una reunión urgente con representantes de esa oficina de Naciones Unidas para conocer con exactitud el contenido del mencionado informe.
Se señaló también que cualquier información, sea oficial o no que emiten organismos internacionales que tiene que ver con México, se evalúa seriedad, sin prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el organismo internacional.
El comunicado señala que "la Procuraduría General de la República ha informado que desde hace una semana, al tener conocimiento verbal por parte de la oficina del Alto Comisionado de la ONU de estos hechos a la Delegación de esa institución en Tamaulipas, abrió de inmediato una carpeta de investigación que permita bajo el marco legal de nuestro país conocer, investigar y, si es el caso, proceder jurídicamente contra quienes hubiesen podido cometer delitos, en particular privaciones ilegales de la libertad sobre persona alguna".
El Gobierno Mexicano señaló que la probable comisión de delitos o la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la Ley. Se señala que el "Estado legitima su actuación porque emana de lo que la Constitución General de la República le obliga y permite hacer, reiterando que esta convicción se hace sin prejuzgar sobre las identidades de los autores materiales de los delitos señalados en el informe".
Por otro lado, se menciona que la Secretaría de Gobernación se trasladará a Nuevo Laredo. El Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Institución acudirán a la entidad para entablar contacto con familiares y personas que puedan aportar elementos para conocer la veracidad de esta información.