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Reo estuvo casi 3 años de más en prisión; CNDH pide reparar daño 

El preso estuvo en el penal de Topo Chico y en las Islas Marías y al no actualizarse su expediente, estuvo en prisión 2 años, 9 meses y 19 días más de lo que marcaba su sentencia; deberán reparar el daño, el gobernado de NL, Rodrigo Medina y Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad.  
Notimex
13 agosto 2015 13:49 Última actualización 13 agosto 2015 13:49
Cárcel Cancún

(Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó la reparación del daño ocasionado a una persona que permaneció presa casi tres años más de lo que señalaba su sentencia.

En la recomendación 26/2015, el organismo defensor de las garantías individuales señaló que conforme a los términos de la Ley de Víctimas, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, deberán reparar el daño hecho a esa persona.

La CNDH explicó que el afectado primero estuvo preso en el Centro Preventivo de Reinserción Social “Topo Chico”, en Monterrey, y luego en el Centro de Readaptación Social de Seguridad Máxima “Laguna del Toro”, en el Complejo Penitenciario “Islas Marías”.

Pero las autoridades de dichos penales no mantuvieron actualizado el expediente jurídico con las penas impuestas por las autoridades judiciales en las dos causas penales que se le seguían, por lo cual el preso permaneció en la cárcel dos años, nueve meses y 19 días más del tiempo establecido en las sentencias.

La comisión encontró que dicha situación es violatoria a los derechos humanos a la libertad e integridad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

Por ello solicitó la colaboración de ambos funcionarios en la queja que presente ante los órganos internos de control tanto de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, como de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

Dichos organismos eventualmente deberán determinar las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar de los servidores públicos involucrados.

Tanto Medina de la Cruz como Rubido García deberán, además, participar en las investigaciones de las denuncias que presente la comisión ante las procuradurías General de la República y de Justicia de Nuevo León para investigar las responsabilidades penales.

“Ambas autoridades deberán adoptar medidas para mantener constante comunicación entre ellas y vigilar que las sanciones privativas de libertad de internos del fuero federal se apliquen de manera estricta, para evitar violaciones a derechos humanos”, subrayó.

En la recomendacióntambién se indicó al gobernador de Nuevo León crear un registro que permita conocer la situación jurídica de los reclusos del fuero federal en la entidad.

Al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación (Segob), en tanto, se instruyó capacitar al personal de Readaptación Social en derechos humanos y en Derecho Penitenciario.

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