Nacional

Renuncia Fiscal General de Veracruz

El Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció ante los medios de comunicación que dejará su puesto para garantizar la procuración de justicia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes.
Corresponsal Iván Sánchez
28 noviembre 2016 22:7 Última actualización 28 noviembre 2016 23:6
Luis Ángel Bravo Contreras. (especial)

Luis Ángel Bravo Contreras. (especial)

XALAPA.- El Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció ante los medios de comunicación que dejará su puesto a partir del primero de diciembre, cuando comienza el nuevo sexenio, bajo el argumento de no ser un factor de división política para la entidad.

En rueda de prensa aseveró que busca dejar el camino libre a la nueva legislatura y al próximo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para garantizar la procuración de justicia y aseguró que con respecto a su tiempo como funcionario no tiene nada que ocultar.

Dijo que al haber sido nombrado por Javier Duarte de Ochoa y debido a los fuertes cuestionamientos que existen en contra del gobernador con licencia, es preferible que deje su puesto como fiscal y permita que sean los nuevos poderes legislativo y judicial quienes designen a su reemplazo.

Unas horas antes, el Fiscal tomó protesta a Jorge Winckler Ortiz como Visitador General, quien es una de las personas más cercanas al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares y quien es mencionado como posible relevo de Bravo Contreras.

“Sustento la justificación la presente renuncia en haber llegado a este cargo por decisión del honorable Congreso del Estado durante una administración encabezada por un gobernador que hoy es severamente cuestionado y por ello debo facilitar a esta nueva legislatura y a la administración entrante tomar las decisiones que consideren más responsables en bien de la siempre inacabada y perfectible procuración de justicia, (…) hasta la vista”, declaró.

Bravo Contreras fue nombrado Fiscal el 30 de enero del 2015, por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y de acuerdo con las normas que rigen la autonomía de la dependencia, debía ocupar el puesto durante nueve años, es decir hasta el 2024.

Desde el principio, la designación de Bravo Contreras ocasionó fuertes críticas por su cercanía con Duarte y por su nombramiento directo después de su mal desempeño como Procurador General.

Al titular de la FGE se le acusó de encubrir en varias ocasiones a funcionarios "duartistas" que fueron denunciados por desvíos de recursos o por otra clase de delito, pues la mayoría de las denuncias no prosperaron.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares aseveró que las denuncias que él interpuso en contra de Javier Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito, fueron congeladas durante mucho tiempo por Bravo Contreras.

Asimismo se le acusó de ser el brazo persecutor de los enemigos políticos del gobierno del estado de Veracruz, pues incluso en alguna ocasión ordenó el cateo de una de las residencias de Miguel Ángel Yunes Marquez, alcalde de Boca del Río.

Bravo Contreras también deja tras de sí al menos dos mil 312 casos de personas desaparecidas sin resolver; tema que fue uno de los principales lastres del Fiscal, pues múltiples colectivos criticaron la ineficiencia de la FGE para resolver dichos casos.

El encubrimiento a funcionarios también fue señalado por los familiares de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, quienes exigían se investigara al entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sin embargo esto nunca ocurrió.

También quedan más de 200 fosas clandestinas encontradas durante el sexenio, de las cuales al menos la mitad fueron halladas en un solo predio en la ciudad de Veracruz durante el mes de agosto del 2016.
Al Fiscal se le acusó de intentar esconder los números reales de los hallazgos en inhumaciones ilegales, tanto a los familiares de personas desaparecidas, como ante los medios de comunicación.

Por dicho motivo en más de una ocasión los colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas exigieron su renuncia o destitución, sin que sus quejas rindieran fruto.

Precisamente su relación con la prensa, también se vio dañada debido a los casos de asesinatos y agresiones en contra de periodistas, los cuales en su mayoría continúan sin ser resueltos o han sido señalados por ciertas irregularidades en el proceso.

Durante su tiempo al frente del ente procurador de justicia también continúan en libertad al menos dos políticos acusados de homicidios; Omar Cruz, exalcalde de Medellín, se encuentra acusado de asesinato del reportero Moises Sánchez y actualmente es prófugo de la justicia; asimismo el exdiputado Renato Tronco es señalado por la autoría intelectual del ex regidor de Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez, y también continúa libre.

La impunidad que prevalece en Veracruz también provocó que la Secretaría de Gobernación emitiera recientemente la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios de la entidad a raíz de los 165 feminicidios ocurridos tan sólo en el 2016.

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