CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Ávila Beltrán obtuvo un amparo que obliga a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR a informarle sobre 10 cuentas bancarias que le incautó.
Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, busca que la PGR descongele dichas cuentas para acceder a los recursos económicos que ahí se encuentran depositados, cuyo monto se desconoce.
Aunque la PGR ya presentó un recurso de revisión, el amparo que obtuvo podría servirle para que, a través de su defensa, promueva un nuevo amparo, específicamente, para la liberación de las cuentas.
Ávila Beltrán fue detenida en septiembre de 2007 y procesada por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; además de narcotráfico y operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
No obstante, el 3 de diciembre de 2010, el juez Décimo Octavo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 101/2003, dictó sentencia absolutoria en favor de Ávila Beltrán por esos ilícitos.
La mujer estuvo recluida en México hasta el 9 de agosto de 2012, día en que fue extraditada a Estados Unidos para ser procesada por asociación delictuosa en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.
Ahí se le acuso de entregar 100 kilogramos de cocaína a Estados Unidos entre enero de 1999 y marzo de 2004, junto a su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, y otras personas, por lo que fue sentenciada a 70 meses de prisión en el vecino país.
Tras ser repatriada a México, en agosto de 2013, la mujer fue encarcelada y sentenciada, en septiembre del 2014, a cinco años de prisión y mil días de multa por lavado de dinero y, finalmente, en febrero de 2015 quedó libre.
Desde entonces inició una batalla legal para recuperar propiedades y cuentas bancarias que le incautaron debido a que, según la PGR, eran producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.
A la fecha ha obtenido, a través del amparo, varias resoluciones a favor, una de ellas en el expediente 766/2015 promovido ante un juez de Sonora, en la que logró una sentencia para que le devuelvan una propiedad localizada en Hermosillo.
El pasado 20 de febrero, la mujer obtuvo un nuevo amparo en el que alegó "el silencio" de la PGR a sus múltiples peticiones para que se le informe sobre bienes asegurados y la negativa a su devolución.
"Son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo solicitado", aseguró el juez.