CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma anticorrupción será promulgada este miércoles por el presidente Enrique Peña Nieto.
"Se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y –de manera determinante¬– la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas", indicó el mandatario en un mensaje escrito difundido en la página de la Presidencia de la República.
En el documento, Peña Nieto indica que el país está viviendo uno de los procesos de transformación institucional más importantes en la historia moderna.
"Por primera vez en décadas, entre las principales fuerzas políticas hemos revisado y reorganizado a fondo nuestro sistema político, económico y social, a partir de 11 grandes reformas", indicó.
Cabe señalar que en 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional nos ubicó en el lugar 103 de 175 naciones.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos y contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se mantendrá como el máximo órgano de fiscalización y, por ende, en piedra angular de este nuevo esquema. Sus nuevas atribuciones le permitirán realizar auditorías en tiempo real, cuando posibles ilícitos están siendo cometidos. Ahora, también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos.
Esta reforma prevé que la cuenta pública pueda ser fiscalizada a partir del primer día del año y no hasta abril, como ha venido ocurriendo.
Otra de las nuevas disposiciones que entrarán en vigor tras la promulgación de las reformas en la materia es que los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública deberán ser ratificados por el Senado de la República.