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Red de Duarte se hizo pasar por ejidataria y estafó a 172 campesinos

A un costado del Campeche Country Club: operadores de Duarte estafaron a 172 ejidatarios, a quienes pagaron apenas 2 millones de pesos por sus tierras, cuando la PGR estima que valen entre 200 y 300 millones de pesos.
Amílcar Salazar | Enviado Especial  
25 abril 2017 23:10 Última actualización 26 abril 2017 5:0
Duarte. (Cuartoscuro)

Duarte. (Cuartoscuro)

CAMPECHE.- Parte de las acusaciones del gobierno mexicano contra Javier Duarte se basan en la adquisición ilegal, a través de la red de cómplices y prestanombres del exgobernador, de terrenos ejidales en Lerma, a 15 kilómetros de Campeche, donde se urdió una serie de despojos que hoy es considerada por PGR como elemento central para juzgarlo.

La historia inicia a un costado del Campeche Country Club: operadores de Duarte estafaron a 172 ejidatarios, a quienes pagaron apenas 2 millones de pesos por sus tierras, cuando la PGR estima que valen entre 200 y 300 millones de pesos.

El único ejidatario de Lerma que no quiso vender fue recluido en el penal de San Francisco Kobén, acusado de despojo el 1 de octubre de 2015. Se trata de Pedro Celestino May Can. Tras enterarse de la detención de Duarte, accedió a hablar con El Financiero.

“Era Moisés Mansur Cysneiros, venía a invertir en Campeche, que traía lana para invertir, con todos los ejidatarios, pero no lo aceptamos a pesar de que tenía una carta de reconocimiento de que vivía en Lerma, que le dio el comisario municipal”, relató Pedro Celestino.

Para estafar a los pobladores de Lerma, Duarte delegó la operación de la compra ilegal en Miguel Velázquez Nieva, además de Santa Bartolo Acuña y Apolinar Huesta Damián, todos actualmente prófugos y, según Pedro May Can, aún con poder en el ejido campechano.

La conspiración arrancó el 21 de agosto de 2011. Mansur Cysneiros y Alfonso Ortega fueron presentados por primera vez ante los ejidatarios. Según testigos, pagaron 100 mil pesos por persona al comisario ejidal de Lerma, Ángel Felipe Dzib Can, para ser acreditados como avecinados, cuando en realidad no lo eran.

Desde entonces ya existía un ofrecimiento por 230 mil pesos para cada ejidatario a cambio de ceder 40 hectáreas. En 2013, las tierras fueron desincorporadas del régimen ejidal y vendidas en 253 millones de pesos a Inmobiliaria Brades, empresa fachada que recibió recursos de otras nueve compañías para solventar la compra.

La mayoría de los ejidatarios se marchó después de vender, excepto Pedro Celestino May Can.

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