CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República puso sobre la mesa su propuesta en materia de mando policial, la cual contempla esquemas de subrogación total o parcial de corporaciones policiacas estatales o municipales que no alcancen estándares mínimos de eficacia.
Miguel Barbosa Huerta, líder de los senadores perredistas, detalló que la iniciativa plantea que este esquema se aplicaría a las policías que no alcancen los requisitos cuantitativos de población o estado de fuerza establecidos en la ley o no satisfagan estándares mínimos, o bien, que presenten una corrupción sistemática, determinados por un organismo de nueva creación, denominado Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Al presentar la iniciativa en tribuna, expuso que la propuesta del PRD en la Cámara Alta es que cuando dicha instancia determine el incumplimiento de las facultades y competencias en materia de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, "podrá determinar su intervención, investigación o subrogación por otra corporación de seguridad pública".
La iniciativa de la fracción senatorial perredista –que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos–también propone la preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios; la definición de estándares policiales, así como el establecimiento de un organismo certificador nacional con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías.
Al respecto, Barbosa Huerta destacó que el proyecto de ley plantea el fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías.
También, la institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, así como la definición de un modelo presupuestal.
En ese sentido, indicó que con la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública se definirían las funciones a realizar por las corporaciones policiales; se establecería estándares en materia de reclutamiento, formación, profesionalización, ascensos, promociones y recompensas y régimen disciplinario, y se establecerían remuneraciones y derechos sociales.
Mencionó que este organismo también certificaría el cumplimiento de los estándares policiales nacionales en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.