CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciará una investigación para suspender a los servidores públicos, adscritos a su delegación en Quintana Roo y que hayan participado en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto "Dragon Mart Cancún".
A través de un comunicado, la dependencia señaló que pidió al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, inicie con la investigación pues un grupo de funcionarios en activo y exfuncionarios de la delegación, " eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal".
El oficio enviado al órgano, de acuerdo al comunicado, "explica además que las resoluciones emitidas por la Delegación Federal de la Profepa en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio "El Tucán" por su calidad de terreno forestal".
Paralelo a esta acción, la Profepa también promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), "dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico".
Además la Profepa pidió al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez, revisen cada una de las autorizaciones entregadas al proyecto para "constatar la legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes".
En este sentido, el procurador Guillermo Haro, solicitó los gobiernos de Roberto Borge Angulo y de Paul Michel Carrillo, gobernador y alcalde, respectivamente, "inicien, en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto".
Y en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, "realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes".
Según la Profepa, un estudio realizado recientemente y en el que participó la Semarnat y el Inegi, confirman que el predio "El Tucán", es un terreno de vocación forestal y que está reconocido como un ecosistema costero, refugio de aves catalogas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en condición de riesgo.