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PRI denuncia ante FEPADE a servidores públicos del Senado que sirven a Preciado y al PAN

El PRI denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a siete servidores públicos del PAN que laboran con cargos de mando en el Senado de la República. 
Susana Guzmán
10 enero 2016 16:48 Última actualización 10 enero 2016 18:51
Jorge Luis Preciado.

Jorge Luis Preciado.

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de los comicios extraordinarios en Colima y por incurrir en presuntas conductas delictivas en materia electoral, el PRI denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a siete servidores públicos que laboran con cargos de mando en el Senado de la República –actualmente presidido por el panista Roberto Gil-, pero participan también en la campaña proselitista del candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado.

Asimismo presentó una segunda denuncia penal en contra de Yazareth Candelaria Villalpando Valdez y Elva Argelia López Zuñiga, oficial mayor del Congreso del Estado de Colima y directora del Instituto de las Mujeres del municipio de Colima, respectivamente, quienes tienen calidad de servidores públicas y al mismo tiempo ostentan cargos en el Comité Directivo estatal del PAN, interviniendo así directa y activamente en la campaña de Preciado.

En el primer caso se trata de Luis Humberto Ladino Ochoa, quien funge como director general de Archivo Histórico y Memoria Legislativa, nivel 33 E, rango C; Lucy Río Serrano, directora de difusión en el Archivo Histórico y Memoria Legislativa nivel 30, rango B y Ari Ben Flores Cabada, jefe de la Unidad de Operación Financiera, nivel 33, rango C.

Asimismo Oscar Carlos Zurroza Barrera, director general de Recursos Humanos, nivel 33 E, rango C; María Liduvina Sandoval Mendoza, jefa de la Unidad Operativa del Centro de Capacitación y Formación Permanente, nivel 33, RD; José Ramón Téllez Juárez, director de Evaluación Parlamentaria, en la Contraloría Interna, nivel 30, RC; y Luis Ocon Heredia, director de Administración de sueldos.

Todos ellos, “prestan sus servicios en la estructura orgánica del Senado de la República bajo la modalidad de personal de mando, sin embargo, desde el 20 de noviembre de 2015 y durante horarios de labores “intervienen directa y activamente realizando funciones de coordinación, dirección y participación de las actividades proselitistas durante la precampaña y actual campaña de Jorge Luis Preciado Rodríguez”, señala la denuncia penal electoral que presentó el secretario Jurídico y de Transparencia del CEN del PRI, Gerardo Herrera, ante la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado viernes.
En el documento, se destalla que dichos servidores públicos, infringieron lo previsto en los artículos 1, 2,3 fracción V, 5 y 11, fracción IV de la Ley general en Materia de Delitos Electorales; 407 fracción IV y demás relativos al Código Penal Federal ya que no se separaron de sus encargos para intervenir en la referida campaña generando con ello una cuestión de inequidad en la contienda a favor de dicho candidato y del PAN.

El PRI pide a la Fiscalía solicitar al Senado de la República y/o Área o Unidad Administrativa dentro del mismo, un informe a efecto de que hagan del conocimiento a la autoridad sobre los cargos y funciones públicas de dichos servidores, tipo de contratación y la causa o motivo que existe para su ausencia a las labores propias de sus encargos del 20 de noviembre del año pasado a la fecha.

En el caso de las funcionarias de Colima, el PRI denuncia que ambas servidoras públicas ostentan desde enero de 2015 los cargos de secretaría de Acción de Gobierno y secretaría de Promoción Política de la Mujer, respectivamente, desde donde operan a favor de su candidato sin separarse de los cargos públicos que ostentan.

Dichas conductas infringen además de las leyes federales, el artículo 234 fracción del Código Penal para el estado de Colima que se refiere al delito de ejercicio indebido de funciones y en este caso ambas funcionarias realizan paralelamente a su encargo funciones y actividades de carácter partidista y proselitista.

El Revolucionario Institucional demanda que en su oportunidad se ejerza la acción penal correspondiente tanto en el caso de los servidores públicos en el Senado como de las funcionarias estatales.

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