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Presidencia pide a la SCJN echar abajo impuesto ecológico en Zacatecas

La controversia fue promovida por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, según la notificación publicada en los estados electrónicos de la Suprema Corte.
David Saúl Vela 
20 febrero 2017 17:19 Última actualización 20 febrero 2017 17:19
SCJN

(Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional que busca echar abajo los llamados "impuestos ecológicos" que impuso en Zacatecas el recién llegado gobernador priista de Alejandro Tello Cristerna.

Según la notificación publicada en los estados electrónicos de la Suprema Corte, la controversia fue promovida por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, mediante oficio 1.0230/2017, fechado el 14 de febrero pasado.

En dicho escrito, que se radicó en el expediente 56/2017, el Ejecutivo Federal pidió declarar la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, y diversas normas relacionadas que validan la aplicación de los citados impuestos a la industria minera.

Fernando Alanís, director de Industrias Peñoles, una de las empresas afectadas por estos impuestos, calificó recientemente de ilegales dichos gravámenes, aprobado por el Congreso de Zacatecas en diciembre de 2016 y vigente desde el 1 de enero de 2017 .

Consideró, además, que este impuesto pone en riesgo la viabilidad de operaciones en algunos centro de trabajo de Zacatecas.

Dicho impuesto consiste en el pago de diversas tarifas extraordinarios por cada metro cúbico de materiales que se extraen como parte de los procesos mineros y por tonelada de bióxido de carbono que se emite.

También grava a las empresas por cada metros cuadrados afectado por sustancias contaminantes y por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.

Con estas acciones, según se dijo en su momento, Zacatecas busca obtener mil 230 millones de pesos anuales que, en teoría, serían utilizados para mitigar los efectos de la actividad minera en el medio ambiente.

De acuerdo con los procedimientos legales, para invalidar estos preceptos de las leyes de Zacatecas, es necesario el voto de al menos 8 de los 11 Ministros que integran el pleno de la Suprema Corte.

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