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Prematura, conclusión de la ONU-DH sobre caso Iguala: México

La SRE, Segob y PGR dijeron que el informe violó acuerdos y disposiciones firmadas, además de que llegó a la falsa conclusión de que hubo actos de tortura.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto refutó el informe "Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que, entre otras cosas, advierten de actos de tortura en las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

A través de un escrito de 23 páginas, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como la PGR, explicaron -en representación del Estado mexicano-, que el informe de la ONU-DH violó acuerdos y disposiciones firmadas, además de que prematuramente llegó a la falsa conclusión de que hubo actos de tortura en las investigaciones del caso.

"Después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos", dijo.

Explicó que la investigación está abierta en la Visitaduría General de la PGR para investigar y fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica.

En su respuesta las dependencias del Gobierno mexicano refirieron que el informe de la ONU-DH no atendió lo dispuesto en el acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017.

Señalaron que la decisión del organismo al publicar el informe se constituyó en un "incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado", además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado, en torno al asunto.

En la respuesta también se ofrece información sobre algunos de los temas contenidos en el informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la PGR, con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala.

El documento de observaciones del Gobierno fue entregado el día de hoy al mecanismo de seguimiento del caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168º período de sesiones, que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

El Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que el caso Iguala se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que estimó que "las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas".

Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, "la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura".

Por ello, el Gobierno mexicano reiteró su determinación de agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año, que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto.

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