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PAN y PRD se adelantan y presentan iniciativa contra 'fiscal carnal'

En sesión ordinaria, la bancada albiazul en el Senado, encabezada por Damián Zepeda, presentó al pleno una reforma para modificar el artículo 102 de la Constitución.

El PAN y el PRD en el Senado de la República se adelantaron a Morena y presentaron iniciativas para evitar que haya un "fiscal carnal" a modo del nuevo gobierno.

En sesión ordinaria, la bancada albiazul, encabezada por Damián Zepeda, presentó al pleno una reforma para modificar el artículo 102 de la Constitución, cambiar la estructura de la Fiscalía General de la República y dotarla de autonomía.

La senadora panista Guadalupe Murguía, encargada de presentar la propuesta en el pleno, precisó que ésta establece que la designación y remoción del fiscal general sería facultad del Senado, previa solicitud del Ejecutivo y por votación de las dos terceras partes de los presentes.

Destacó que es necesario impulsar una fiscalía que impida que el presidente la utilice a modo para perseguir a sus adversarios.

"Con esta propuesta los senadores del PAN estamos impulsando que se garantice una verdadera justicia en el país y no una simulación como hoy esa queriendo impulsar Morena y el presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, con su intento de nombrar a un fiscal carnal como quiso hacer antes el PRI", dijo el senador Damián Zepeda.

La víspera, la bancada de Morena anunció que trabaja en un proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual no contempla modificaciones a la Constitución.

El grupo parlamentario del PRD, encabezado por Miguel Ángel Mancera, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de reforma al 102 Constitucional para que no sea el presidente quien presente la terna para elegir al fiscal o sea quien pueda removerlo.

El senador Juan Zepeda presentó ayer una iniciativa de Ley Orgánica de la fiscalía. De acuerdo con Zepeda, esta iniciativa tiene tres diferencias cualitativas con la que anunció Morena: la Fiscalía contaría con un consejo de gobierno, presidido por el propio fiscal; el Ejecutivo no removería al fiscal, sino que ese consejo plantearía su remoción a la Suprema Corte y nombraría a uno independiente, el cual –finalmente– tendría la facultad de investigar al que fue removido.

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