CUIDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 62/2016 a la Secretaría de Marina por un hecho de 2012, en el gobierno de Felipe Calderón, en el que aún no se emite sentencia por parte de un juez.
Dicha recomendación está relacionada con la realización de un cateo ilegal y violación a la integridad de una mujer en el puerto de Veracruz, lo que se atribuyó a efectivos de la Armada de México.
Según el expediente el 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, la víctima dormía cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron a su hogar y sacaron a golpes a los habitantes.
La quejosa narró que los tiraron al suelo y les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos. Mientras, un grupo de marinos registró el lugar y otro los subió a una camioneta y trasladó a las instalaciones de la base naval.
Según el expediente de queja CNDH/2/2013/8619/Q, ella permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada.
Agregó que a las 18:30 horas del 8 de agosto fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal y obligada a firmar una declaración en la que se autoincriminó de formar parte de Los Zetas y de su participación en diversos delitos.
Fue hasta el 17 de octubre que la mujer presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la cual remitió el expediente a la CNDH el día 23 del mismo mes.
En su investigación, la CNDH acreditó que lo dicho por los efectivos navales no se apegó a la realidad de los hechos, que no hubo orden de cateo ni flagrancia, que se transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, a la legalidad y seguridad jurídica.
Además de que se determinó que la mujer sufrió violación a su inte-gridad personal en el tiempo que fue retenida ilegalmente por el per-sonal de la Marina-Armada, por lo que emitió la recomendación en la que pidió, entre otras cosas, brindar atención médica y psicológica a la víctima.
También exigió reparar el daño conforme a la Ley General de Víctimas y colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional presente ante la PGR contra los agentes navales implicados.