CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2015, dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por el caso de 15 mexicanos asegurados por agentes migratorios.
Lo anterior se dio durante los operativos realizados por dicha instancia, en diferentes puntos carreteros y estados fronterizos, durante 2015, con el propósito de detectar personas en contexto de migración internacional que no cuentan con una estancia regular en México.
En virtud de que los hechos acontecieron en diferentes puntos y fechas, pero con circunstancias de modo y lugar similares, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación, cometidos por 22 servidores públicos adscritos al INM en agravio de 15 connacionales.
Los principales señalamientos expuestos en las quejas son: privación de la libertad, disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos administrativos, imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los agraviados, desestimación de documentos oficiales que acreditaban la nacionalidad y abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se encontraban, ya que algunos de los quejosos no sabían leer ni escribir y tenían poco o nulo dominio del idioma español.
Asimismo, dilación en el proceso de salida de las estaciones migratorias. Y en el caso de dos agraviadas, menores de edad, los servidores públicos no realizaron las acciones tendentes a garantizar que se encontraran acompañadas por personal capacitado y especializado en derechos de protección infantil, violando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al INM reparar los daños a las víctimas; garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser mexicanos; establecer acuerdos interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral y con las Direcciones del Registro Civil de las entidades federativas, a efecto de comprobar en sus sistemas de registro los nombre de los mexicanos que se encuentren a su disposición.
También se solicita implementar un protocolo de atención para personas que sean presentadas y que el INM tenga duda sobre su nacionalidad a fin de que se pueda verificar la documentación que aporte para acreditar la misma, señalando la manera específica en que se deberá resolver respecto de su situación jurídica en el término no mayor a 3 días, sin que necesariamente se tenga que agotar este plazo, a partir de que son puestos a disposición, publicándolo en el Diario Oficial de la Federación.