La Procuraduría General de la República defendió la investigación que realiza en torno a la presunta alteración de pruebas en el caso Iguala, en la que está implicado el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
Dijo que esta indagatoria que realiza la Visitaduría General de la PGR, dentro del expediente de investigación DGAI/510/2016, se ha hecho con estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables.
Explicó que con base en ello el agente del Ministerio Público determinó imputar en su resolución responsabilidades a diversos servidores publicados de la Institución, aunque omitió revelar nombres y cargos.
"Esta misma se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a derecho", dijo.
El caso se relaciona con la denuncia que tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de presunta alteración de pruebas por parte de Tomás Zerón de Lucio en el caso Iguala.
Lo anterior con relación a una diligencia de que se realizó el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan, de Cocula, Guerrero, en la que un implicado en el caso fue llevado para señalar el lugar dónde presuntamente fueron arrojados los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un video que presentó el GIEI se observa el levantamiento de evidencia por parte del personal de la AIC y de la Marina Armada de México. El GIEI dijo que dicha diligencia, al cargo de Zerón de Lucio, no se incluyó en el expediente.
En su comunicado emitido esta noche, la PGR señaló que por lo que respecta a todas y cada una de las denuncias relacionadas con la posible comisión del delito de tortura, en el caso Iguala, dichas indagatorias han sido plenamente atendidas.
Agregó que dicha indagatoria está en integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma Institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas.
"Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura", aseguró la dependencia en un comunicado.