CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación por la filtración de información relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte ya rindió frutos. Un servidor público fue consignado ante un juez como responsable de estos hechos, considerados como graves, dijo el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza.
"Hay una averiguación previa por el tema de las filtraciones ya tenemos a un servidor público consignado por este tema y continúa el desglose para posible participación de más personas, los detalles no los puedo dar a conocer lo único que sí es que ya hay una persona puesta a disposición de un juez penal por este tema", dijo.
La filtración de información reservada está prohibida y es sancionada por diversas leyes, tanto administrativas como penales, vigentes en el Distrito Federal, tales como el Código Penal del Distrito Federal.
En su artículo 259 dicho código prevé una pena de dos a siete años de prisión y de 25 a 250 días multa, a quien sustraiga ilegalmente información o documentos auténticos bajo su resguardo. Además las sanciones administrativas prevé destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En conferencia, Ríos Garza se negó a revelar la identidad y cargo del funcionario consignado aunque se presume que éste se encontraba adscrito a la Fiscalía Central de Homicidios, que integró el expediente.
Autoridades capitalinas dijeron a El Financiero que desde el primer minuto que se conoció la filtración de información sobre el homicidio del periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera; la edecán Mile Virginia Martí, la estilista Yesenia Quiroz Alfaro y la empleada doméstica Alejandra Negrete Avilés, se ordenó investigar el caso.
Derivado de ello se integró el expediente FSP/B/T2/2258/15-08, dentro del cual comparecieron fiscales, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos y agentes de la Policía de Investigación.
También declararon ante el Ministerio Público elementos de la policía preventiva y personal de juzgado; los funcionarios que comparecieron estaban adscrito a las fiscalías de Benito Juárez y de Homicidios.
Aunado a ello, la procuraduría capitalina integró al expediente 22 informes en distintas materias periciales y de investigación, entre ellas informática, fotografía, Política y Estadística Criminal y de Visitaduría Ministerial.
También se realizaron inspecciones ministeriales se atendieron otros 14 requerimientos de información a diversas áreas de la Procuraduría capitalina, con base en lo cual se concluyó la responsabilidad de un servidor público.
Desde que se descubrió el multihomicidio, familiares de las víctimas, organismos defensores de los Derechos Humanos y organismos defensores de los derechos de los Periodistas, se quejaron de filtración de información sensible del caso.
Se refirieron en específico a los nombres de las víctimas, fotografías de la escena de crimen y parte del expediente que incluía la declaración de testigos y los detenidos Daniel Pacheco Gutiérrez, el expolicía Abraham Torres Tranquilino y Omar Martínez Zedejas.