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Peculado electoral debe ser considerado como delito grave: Fepade

Santiago Nieto Castillo dijo que al elevar las penas para quienes cometan peculado electoral o condicionen los programas sociales se puede enviar un mensaje concreto de que serán castigados.
Magali Juárez
20 diciembre 2016 13:35 Última actualización 20 diciembre 2016 13:35
Santiago Nieto Castillo

(Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- El peculado electoral y el condicionamiento de los programas sociales deben ser considerados como graves, para que quienes cometan dichos delitos sean detenidos y no puedan salir libres bajo caución, aseveró el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

Durante su participación en el programa “Justicia electoral a la semana”, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), refirió que de acuerdo con el nuevo sistema penal, quienes son acusados por dichos ilícitos pueden seguir su proceso en libertad debido a que no se puede solicitar la prisión preventiva de manera oficiosa.

Por ello, el fiscal en materia electoral estimó que al elevar las penas para quienes cometan peculado electoral o condicionen los programas sociales se puede enviar un mensaje concreto de que serán castigados.

“Subir las penas no nos va a dar como resultado de manera directa disminuir la incidencia delictiva, pero sí mandan un mensaje muy claro respecto al reproche de la ciudadanía a la clase política por este tipo de conductas para efectos que las personas sean privadas de su libertad como un reproche por la conducta que desarrollan”, aseveró.

Nieto Castillo comentó que para los procesos electorales de 2017, ya comenzaron los trabajos con las autoridades electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz para implementar las medidas de blindaje electoral.

Por otra parte, el titular de la Fepade destacó que ante el problema del “turismo electoral” que se identificó en el sur del país, actúa junto con el INE para combatirlo, pues reconoció que está alcanzando dimensiones graves.

Detalló que el “turismo electoral” que han encontrado en Chiapas es de ciudadanos guatemaltecos que de manera irregular obtuvieron credenciales para votar.

“Es un tema que se detectó en 2015 y del que estamos procesando la información en la que un juez del Registro Civil, que por cierto era el esposo de una candidata en el año 2015 a ser presidenta municipal, era el que expedía estas actas de nacimiento extemporáneas, con las cuales se acudía al INE para que se liberaran y expidieran las credenciales de forma ilícita”, dijo.

Además de Chiapas, Nieto Castillo mencionó que dicho delito también lo han identificado en Yucatán y Quintana Roo y en la ruta hacia Veracruz, así como en el norte del país en Sonora.

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