CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores del PAN, PRD y MC anunciaron que propondrán formalmente ante la Permanente una iniciativa de reforma fiscal para disminuir, entre 30 y 50 por ciento, el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) en las gasolinas.
Argumentaron que este gravamen representa el 44 por ciento del costo de las gasolinas y que esta reducción no afectará en la recaudación ni en las finanzas, ya que –aseguran– el gobierno federal recaudó en 2016 alrededor del 30 por ciento extra a lo estimado.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, aseguró que "primero se debe aclarar que es la Reforma Fiscal y no la Energética la que impone impuestos especiales a la gasolina, y por lo tanto un costo adicional; y segundo, que detrás del desproporcionado aumento a las gasolinas hay una gran ineficiencia y corrupción en Petróleos Mexicanos, que lamentablemente el gobierno federal quiere cubrir con altos impuestos a cargo de los consumidores".
El coordinador del MC, José Clemente Castañeda, sostuvo que "en el Ejecutivo hay un colchón, se puede hacer esta reducción, hay dinero suficiente para sus gastos; lo que deben hacer es amarrarse el cinturón, ahorrar, ser austeros, tener menos salarios, menos prestaciones, menos aguinaldos, y no cargarle siempre los costos a la gente".
Adelantó que busca un frente común de todas las fuerzas políticas para aprobar esta propuesta.
La secretaria de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool Pech, del PRD, dijo que se revisará a fondo el destino y la supuesta necesidad de la aplicación de los impuestos incluidos en el aumento al precio de las gasolinas, ya que por estos conceptos se pagan entre tres y cuatro pesos más.
Explicó que dentro de la estructura porcentual del precio de la gasolina, alrededor del 40 por ciento está destinado al pago de impuestos, por lo que considera imprescindible que Hacienda explique la necesidad, así como el destino y uso de dicha recaudación.
Consideró que el aumento impacta de forma negativa a la economía, no sólo a los conductores de vehículos y a los usuarios del transporte público, sino también a los productores de bienes y servicios, lo que incrementa los precios de la canasta básica, afectando a las familias más pobres de nuestro país.