CIUDAD DE MÉXICO. La cancelación del proyecto Dragon Mart representa un paso vital para revertir el daño ambiental provocado en Quintana Roo, pero también es importante que la Profepa deslinde responsabilidades civiles y penales a quienes resulten responsables, señaló la presidenta de la Comisión Especial para el Cambio Climático del Senado de la República, Silvia Garza Galván,
Subrayó que era obligación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspender o clausurar el proyecto desde hace meses, cuando se tuvo conocimiento de las violaciones que se estaban cometiendo en el predio El Tucán, ubicado en el municipio Benito Juárez.
La senadora por Coahuila comentó que aunque se establecen casi 22 millones de pesos como multa, "se debe reiterar que el daño ambiental es grave e irreparable, por lo que no serán suficientes los 22 millones".
Garza Galván indicó que el centro de negocios que empresarios de China pretendían desarrollar en Quintana Roo, mejor conocido como Dragon Mart, "es completamente incompatible e inviable, ya que se llevarían a cabo obras que atentan la protección, restauración y conservación del manglar en ese estado y parte de la Península de Yucatán".
Afirmó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, esa región posee una riqueza del 54 por ciento del manglar existente en todo México.