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PAN denuncia ante la CIDH al Estado mexicano por consulta popular

La denuncia de 135 páginas, siete tomos y 38 pruebas, fue presentada por el secretario general adjunto, Fernando Álvarez Monje; el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra; y la diputada federal Lourdes Medina Valdés en la sede de este organismo en Washington.

CIUDAD DE MÉXICO. El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado mexicano por rechazar la consulta popular "Salario digno de los trabajadores".

Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la consulta popular propuesta por el PAN, la denuncia fue presentada por el dirigente panista, Gustavo Madero, a nombre de un millón de 948 mil 2000 mexicanos, quE suscribieron la propuesta.

"El Estado mexicano violó la obligación de respetar los derechos de la Convención, las garantías judiciales, las normas de interpretación convencional por suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas", estableció el PAN.

En un comunicado, el partido se quejó de violaciones de los derechos políticos de participación de manera directa en decisiones democráticas, a la protección judicial, al desarrollo progresivo, a la alimentación, al mínimo vital, a un salario remunerador y justo, al debido proceso ya que debieron analizar cada requisito en lo individual, y en relación a ingresos y gastos del Estado.

La denuncia de 135 páginas, siete tomos y 38 pruebas, fue presentada por el secretario general adjunto, Fernando Álvarez Monje; el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra; y la diputada federal Lourdes Medina Valdés en la sede de este organismo en Washington.

"¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal de Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?", preguntó el PAN, misma que fue rechazada por la SCJN el 29 de octubre de 2014.

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