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No hay datos que responsabilicen al Ejército en caso Tlatlaya: diputados

En su informe que presentó la Comisión Especial de legisladores federales para el caso Tlatlaya, se señaló que “existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares”.
Víctor Chávez
20 enero 2015 6:35 Última actualización 20 enero 2015 7:33
ME. Guerrero: el Ejército bajo sospecha.

La comisión señaló que Tlatlaya “es un caso grave y paradigmático que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación". (Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Especial de legisladores federales del caso Tlatlaya concluyó que el Estado mexicano aceptó que en los hechos de aquel lugar hubo la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen.

En su informe que presentó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señala, sin embargo, que no queda claro ni hay la información suficiente para determinar las responsabilidades de la cadena de mandos del  Ejército Mexicano.

No obstante insiste en que el de Tlatlaya “es un caso grave y paradigmático que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación”.

El documento fue elaborado por el denominado Grupo de Trabajo para Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, que preside la diputada Margarita Elena Tapia, del PRD, y que la integran otros seis diputados: dos del PRI y uno del PAN, PT, MC y Panal, respectivamente.

En 28 incisos resume sus avances en las indagatorias y seguimiento del caso, en los que destaca que “existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas”.

No obstante, añade, “las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.

Subraya que “la falta de una conclusión definitiva es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres, fuera de su posición original”.

Se señala que “el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y de, presumiblemente, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.

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