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la silla roja 

Tenemos pruebas de nexo entre delegado de Tláhuac y grupo delictivo: ALDF

El presidente de la mesa directiva de la ALDF, Mauricio Toledo, habló en La Silla Roja sobre el caso del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien ha sido señalado por estar involucrado con un grupo criminal en la demarcación.
Redacción
04 agosto 2017 20:46 Última actualización 06 agosto 2017 22:0
El perredista Mauricio Toledo, en entrevista para La Silla Roja. (Especial)

El perredista Mauricio Toledo, en entrevista para La Silla Roja. (Especial)

Mauricio Toledo, presidente de la mesa directiva en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dijo en La Silla Roja que los vínculos entre el delegado Rigoberto Salgado y un grupo delictivo en Tláhuac son evidentes.

Está muy claro que hay una relación con esta mafia local”, dijo. “Hay contubernio y no es de un mes sino de algunos años”.

Toledo señaló que la ALDF tiene pruebas contundentes que ligan al delegado con el grupo delictivo encabezado por el abatido Felipe de Jesús Pérez, alias “El Ojos”.

“Tenemos cédulas y contratos con la firma del jefe delegacional”, dijo. “Uno de los contratos es de Cristian, el sobrino de ‘El Ojos’, así que no puede decir que no lo conocía”.

Se identificaron siete funcionarios de la delegación relacionados con “El Ojos”, entre ellos, la esposa, el hermano del jefe de sicarios, dos hermanos, un sobrino y uno de los choferes, agregó Toledo.

De acuerdo con el presidente de la ALDF, es improbable que Salgado, quien operó en el pasado como jefe de seguridad, no estuviera enterado de lo ocurrido en la demarcación ya que se trata de una banda criminal que lleva mucho tiempo operando en la zona.

“Esta estructura lleva al menos un año y medio profesionalizada”, comentó. “Si hay alguien que conoce la delegación es Rigoberto”.

Toledo dijo que tras la insatisfactoria comparecencia de Salgado, ocurrida el miércoles pasado, la ALDF buscará activar mecanismos para retirarlo de su cargo.

Tenemos facultades para destituirlo, el artículo 108 lo marca”, comentó. “El jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa tenemos la facultad de remoción y ya iniciamos el proceso”.

“En 10 a 15 días vamos a citar a la comisión jurisdiccional y vamos a ir a fondo con el tema”, concluyó.