El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, admitió que es necesario "sanear la vida pública" del país, y por eso se crearon los cimientos constitucionales con las reformas constitucionales para el combate a la corrupción.
Explicó que se establecieron "las bases de un sólido sistema nacional de fiscalización" para lograr "un servicio público eficiente y con sentido ético", lo que "equivale a una transformación cultural", lo que "no es un tema efímero, sino una decisión institucional integral".
Beltrones añadió que las reformas representan "un auténtico cambio de paradigma a un gobierno abierto", a través de "la obligación de declarar posibles conflictos de interés", entre otros temas de primera importancia.
"Establecimos las bases constitucionales de un sólido sistema nacional de fiscalización que es un hito en el desarrollo político del país", subrayó.
En un comunicado dominical, expuso que los priístas actuaron con "profesionalismo y prudencia" para alcanzar el acuerdo plural que hizo posible la reforma, y reconoció la labor de la mesa de trabajo que revisó las distintas iniciativas de ley presentadas sobre la materia.
"Nuestro grupo parlamentario actuó con la responsabilidad que le corresponde como partido en el gobierno: ofrecer respuestas claras a los ciudadanos que exigen frenar el desvío de recursos públicos a los bolsillos de particulares y erradicar la impunidad", según planteó.
Con ese propósito, esta reforma constitucional "fortalece las instituciones y cuida los equilibrios del régimen presidencial, así como la vigencia plena del pacto federal".
La ciudadanía "puede confiar en que no es un tema efímero de temporada electoral, sino un esfuerzo integral y consistente de alcanzar mejores estándares de buen gobierno en todo el territorio nacional y en todos los órdenes de gobierno e instituciones del Estado. Es el punto de arranque de una transformación cultural que debe llevarnos a un servicio público con un riguroso sentido ético, pulcritud en el manejo de los recursos públicos y a la participación ciudadana en la rendición de cuentas", prometió el legislador.
"Se trata de castigar sin excepción los actos de corrupción y de prevenirlos con la promoción de un sistema de integridad pública basado en las mejores prácticas internacionales", aseguró.
"Esto incluye capacidades técnicas para evaluar el desempeño del servidor público conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Es un auténtico cambio de paradigma en el servicio público basado en la colaboración institucional entre el Estado y la sociedad civil, como es propio de un gobierno abierto", precisó.