CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte, reveló que ella y su esposo están en la lista de más de 5 mil víctimas del fraude cometido por la Financiera de Crédito Popular (Ficrea).
Ello obligó a la Segunda Sala de Suprema Corte a retirar el proyecto de sentencia que se iba a discutir este miércoles, relacionado con Ficrea, por existir conflicto de interés ya que fue elaborado por la propia ministra Luna Ramos.
De acuerdo con lo inscrito en el expediente 266/2016, la ministra Luna Ramos proponía no amparar al particular Rubén Fong González, quien abrió una cuenta en Ficrea e hizo cinco depósitos.
Al conocer de la intervención de Ficrea por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, procedió a través del juicio de amparo en el que se quejó contra la expedición, aprobación y promulgación del decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
A este amparo se adhirieron más de mil personas quienes advirtieron que el caso no se debe revisar bajo el esquema de un concurso mercantil, pues con ello no se garantiza que se recupere el total de su inversión.
Su intención es que la Corte establezca si hubo negligencia por parte de la CNBV en el fraude y en su caso se determine que el gobierno federal devuelva la totalidad de los ahorros defraudado por Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de la empresa, quien hace unos obtuvo un amparo definitivo contra la orden de aprehensión por fraude.
Ahora será el ministro José Fernando Franco González Salas, quien deberá elaborar un nuevo proyecto de sentencia el cual será discutido ya sin la presencia de la ministra Luna Ramos.
A la fecha han sido reconocidos como acreedores, en grado común, a 4 mil 907 personas, físicas y morales; así como a 14 acreedores en grado subordinado.
Además, que existen 139 juicios laborales seguidos en contra de la empresa que se declaró en quiebra.
Del total del fraude, la autoridad pudo recuperar 3 mil 200 millones de pesos entre bienes e inmuebles, pero aún siguen sin ser recuperados 2 mil 700 millones mismos que presuntamente obran en cuentas bancarias en el extranjero.