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"Marcelo Ebrard no será exonerado, no valdrán sus pactos políticos"

El presidente de la Comisión Especial de la Línea 12 del Metro en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Calzada Arroyo, advirtió que no dejarán que prevalezca la impunidad y que Ebrard "no será exonerado"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Marcelo Ebrard no será exonerado, no valdrán sus pactos políticos ni comprará impunidad", advirtió el presidente de la Comisión Especial de la Línea 12 del Metro en la Cámara de Diputados, el priista Marco Antonio Calzada Arroyo.

En entrevista con El Financiero, aseguró que el PRI está al margen de los acuerdos políticos y negociaciones del exjefe de Gobierno con el coordinador de los legisladores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el presidente nacional panista, Gustavo Madero Muñoz.

Nosotros iremos con todo porque no haya impunidad, porque paguen los que cometieron el fraude de la supuesta ´Línea Dorada´...

El legislador mexiquense reclamó "que Ebrard vaya a la zona de Tláhuac y les diga a los afectados por la desastrosa obra del Metro que se le están violentando sus derechos como ciudadano, su derecho de audiencia y su presunción de inocencia".

Insistió en que "la Comisión Especial se mantendrá hasta que se sancione a quien sea responsable o responsables".

Lamentó que ha habido trabas para poder convocar al exdirector del Metro durante el gobierno de Ebrard, Francisco Bojórquez Hernández, y al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, ya que en la actual administración de Miguel Angel Mancera obstaculizan su localización.

Se argumenta que no conocen sus domicilios, que tienen varios o que están en el extranjero, puesto que Horcasitas Manjarrez no ha respondido siquiera a los citatorios que le han enviado de la Procuraduría General de Justicia del DF por otros presuntos delitos. Horcasitas no se ha presentado ante el Ministerio Público, donde ha sido requerido en dos ocasiones, en diciembre y en enero pasados.

Calzada Arroyo planteó también que al ex funcionario "no le van a valer sus argumentos políticos para lograr impunidad mediante la exoneración política y colarse a una diputación federal plurinominal con el PRD, o con quien sea, mediante su recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

Ya se le brindó el derecho de audiencia y sólo aprovechó para venir a decir mentiras y evadir sus responsabilidades como jefe de Gobierno...

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"No tuvo siquiera un poco de humildad, de franqueza ni de sensatez para aceptar que, como jefe de todos sus colaboradores, él es el responsable a fin de cuentas", subrayó el legislador tricolor.

En medio de una guerra de "impugnaciones", el diputado dijo que a la impugnación que presentó la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, del PRD, en contra del Informe que elaboró la Comisión Especial y por la intención de enviarlo a las autoridades judiciales, el PRI también impugnó al presidente de la Cámara, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por no haber enviado el Informe a las instancias indicadas y guardarlo en el cajón.

Aleida Alavez argumentó que la Comisión Especial "invade la competencia de las comisiones ordinarias al emitir las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones que son parte de una resolución o dictamen de comisión constitucional. Sus consideraciones invaden la competencia del Ministerio Público en la averiguación previa y del órgano jurisdiccional".

Sostiene en su oficio enviado a la Mesa Directiva, el pasado 5 de febrero, que "de darse credibilidad al Informe se le estaría violando a los imputados sus derechos humanos y de debido proceso, ya que no tuvieron la oportunidad de ser oídos y vencidos en un procedimiento parlamentario o penal".

El recurso de impugnación del diputado Calzada reclama "el trámite dictado al Informe de la Comisión Especial" y demanda que "se complete", que implica enviar el documento al Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia capitalina y a la Procuraduría General de la República, explicó el legislador.

En respuesta, el presidente Silvano Aureoles indicó que "los integrantes de dicho órgano de Gobierno acordaron requerir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados un análisis de dicha solicitud para resolverlo en fecha posterior".

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