Nacional

PGR apelará libertad de cuatro Zetas implicados en atentado de 2008

La libertad que determinó un juez a los cuatro únicos detenidos de los bombazos registrados el 15 de septiembre de 2008 en Morelia y que dejaron 8 muertos, será apelada por parte de la PGR.
David Saúl Vela
27 mayo 2015 15:39 Última actualización 27 mayo 2015 19:58
A los detenidos les fueron aseguradas dos camionetas. (Cuartoscuro)

A los detenidos les fueron aseguradas dos camionetas. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República anunció que en las próximas horas interpondrá un recurso de apelación contra la libertad de cuatro integrantes de los Zetas a los que señaló como responsables de los granadazos registrados el 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán, en el que perecieron 8 personas y 131 resultaron heridas.

Esa dependencia, encabezada por Alrey Gómez González, hizo el anuncio a través de un comunicado emitido esta noche.

“La PGR interpondrá el recurso de apelación en contra de la resolución del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, con sede en el penal Federal de Puente Grande, la que determina sentencia definitiva absolutoria, en favor de los cuatro procesados por la comisión de los delitos relacionados con los hechos acontecidos en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008”, dijo la dependencia.

Horas antes, un Juez federal absolvió y ordenó la inmediata libertad de los cuatro presuntos integrantes de dicha agrupación delictiva, debido a la violación de sus derechos humanos, tortura y fabricación de pruebas por parte de la PGR.,

Emilio Enrique Pedroza, Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, informó que al resolver la causa penal 254/2008 se decretó la inmediata libertad de los acusados entre quienes se encuentran Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea.

Y es que advirtió que la acusación que la PGR hizo se basó fundamentalmente en la confesión de los tres citados sujetos (como autores materiales), respecto de quienes quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia dependencia federal, que fueron sometidos a actos de tortura.

“En lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura”, dijo el Juez.

El Juez explicó que no se respetaron sus derechos fundamentales, dado que fueron exhibidos ante la opinión pública e incluso se divulgó un video donde son sometidos a una entrevista sin presencia de defensor en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión, así como de las restantes pruebas que emanaron de la misma.

Entre dichas pruebas están las declaraciones de testigos protegidos ofrecidos por la PGR, que mostró fotografías de los primeros tres implicados, lo que condujo a la existencia de un reconocimiento sin que estuviera presente su defensor.

Asimismo, se demostró que la firma plasmada en la declaración de uno de ellos no corresponde a su puño y letra, “evidenciándose la prefabricación de pruebas en su contra”, dijo en su sentencia el Juez.

Detalló que de la serie de testimonios presentados por la defensa quedó demostrado que los primeros tres implicados se encontraban en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día de los hechos, sin que se aportara prueba en contrario. “De ahí que al haberse nulificado las pruebas de cargo ofrecidas por la PGR indefectiblemente el resultado de la sentencia tuvo que ser absolutorio a fin de proteger el principio de presunción de inocencia del que gozan los ahora absueltos”.

Respecto de la cuarta persona absuelta, la decisión se sustenta en que las pruebas de cargo con las que se le pretendía fincar responsabilidad resultaron ser precisamente aquellas que se nulificaron por ser violatorias de derechos humanos; además de que las declaraciones vertidas por los testigos protegidos no generaron certeza respecto a la identidad de dicha persona como uno de los líderes del cartel de Los Zetas, sin que la representación social hubiese aportado mayor prueba tendiente a acreditar tal señalamiento.

En consecuencia, la autoridad jurisdiccional ordenó la inmediata libertad de las cuatro personas.

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