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Legal, intervención de telecomunicaciones sin orden de juez: SCJN

La SCJN determinó que la intervención de llamadas telefónicas sin autorización de una autoridad no afecta el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones, cuando se ejecuten para salvaguardar la vida de una persona.
David Saúl Vela
18 mayo 2016 22:23 Última actualización 18 mayo 2016 22:38
Teléfono celular, telecomunicaciones. (Reuters)

La Sala determinó que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones implica que éstas se mantendrán en todo momento protegidas,  (Reuters)

La intervención de llamadas telefónicas sin autorización de un Juez no vulnera el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones, cuando se realice para dar prioridad a la vida de una persona que está en riesgo real o inminente.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte al negar un amparo a Samuel Isidro Duarte Contreras, sentenciado por la desaparición de su pareja sentimental, Cecilia Jazmín Corrales Chavarría, en Chihuahua.

El 21 de febrero de 2007 fue la última vez que se vio a la mujer, cuando salió con Samuel Isidro Duarte Contreras, a quien había comunicado la noticia de que estaba embrazada, producto de la relación que sostenían.

Según lo inscrito en el expediente la noticia molestó al ahora sentenciado quien reveló, durante el proceso penal que enfrentó, que asesinó a la joven pero a la fecha el cuerpo no ha sido localizado.

Luego de ser sentenciado, este individuo se amparó y argumentó violación al debido proceso porque el Ministerio Público solicitó a una empresa de telefonía móvil, sin la anuencia de un Juez, la información del comportamiento de llamadas entrantes y salientes de su teléfono y el de la joven desaparecida.

Así se conoció, entre otras cosas, que hubo una transferencia de saldo del teléfono del detenido al de la víctima, esto previo a la salida de tres mensajes al número de celular del detenido.

Dicha información se desahogó como prueba para acreditar la participación de Samuel Isidro Duarte Contreras en la desaparición de la joven.

El amparo que promovió el detenido llegó a la Suprema Corte quien resolvió, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dentro del amparo directo en revisión 3886/2013, que no hubo violación a los derechos del detenido.

La Sala determinó que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones implica que éstas se mantendrán en todo momento protegidas, frente a cualquier intervención no consentida por quienes participan en la comunicación o autorizada por una autoridad judicial que funde y motive su decisión.

Sin embargo, dejaron en claro que no se viola ese derecho fundamental cuando derivado de la posible comisión de un ilícito penal, como en el presente caso, la víctima esté en un peligro real e inminente.

La Sala resolvió que en este caso el impedimento de la víctima para dar su consentimiento en la intervención de la comunicación en la que es o fue parte, se toma como un consentimiento implícito.

“Ello, con el objeto de lograr ubicarla, en aras de hacer cesar el delito y preservar su vida e integridad física”, advirtieron los ministros.

Dijeron que en cuanto a la información referente a la ubicación geográfica de los equipos móviles de la víctima, tampoco se estima violatoria del artículo 16 de la Constitución, pues el objetivo principal de la geolocalización es la ubicación de equipos móviles y no de personas.

Con ello, se confirmó la sentencia recurrida que determinó que la información proporcionada por la empresa de telefonía no viola el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

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