CIUDAD DE MÉXICO.- En México, sólo una de cada dos intervenciones, -programas y acciones para el desarrollo social-, del orden estatal es evaluada periódicamente para medir su cobertura, calidad e impacto, por lo que se impulsó la iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO).
El estudio que concentra los programas sociales que operan en el país, iniciativa de Transparencia Mexicana (TM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, lanzó alertas sobre la necesidad de transformar los esquemas actuales de desarrollo social.
"Después del proceso electoral 2018, se integrará un nuevo gobierno federal y nueve gobiernos estatales y sería deseable un compromiso por llevar a cabo una reestructura de los programas sociales, que incorpore atributos de institucionalidad y que procure su pertinencia y eficacia en el combate a la pobreza y a la desigualdad", señala el informe.
La iniciativa, que data el 2009, invita a los titulares de las dependencias del gobierno federal, gobernadores y responsables de la política social a elaborar un autodiagnóstico sobre el nivel de institucionalidad de los programas y acciones para el desarrollo social.
En los resultados del 2018 se encontró que a pesar de lo dispuesto por el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social, que establece que las evaluaciones de las intervenciones serán anuales, existen programas que no están vigilados.
El informe contiene datos de 515 programas y 28 acciones para el desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, no constituyen la oferta total de acciones y programas sociales.
También se encontró que en el ámbito federal, 62 por ciento de las intervenciones no prevén estrategias de salida de las personas que reciben los bienes o servicios ofrecidos, en los casos en los que sus condiciones de vida mejoren sustancialmente gracias a la propia intervención y que alcancen un estado de baja vulnerabilidad.
En el ámbito subnacional, dicha cifra asciende a 86 por ciento, lo que significa que, en promedio, sólo dos de cada 10 intervenciones prevén procesos que aseguren: el cumplimiento de los objetivos planteados en el diseño de la acción o programa social, relativos al abatimiento de carencias; y el rompimiento de dependencias que se puedan generar en torno a los apoyos y que se traduzcan en potenciales clientelas políticas.
Además, no existen suficientes mecanismos de vigilancia ciudadana a través de la contraloría social y la participación de la población en la operación.
Por ejemplo, en 2018, la Ciudad de México reportó tener 70 programas y acciones de desarrollo social, pero sólo el 10 por ciento de los programas tienen mecanismos de contraloría social y seis de cada diez intervenciones no tienen mecanismos de participación ciudadana en el diseño y formulación de los programas.
En cambio, Morelos informó que sólo 13 por ciento de sus 45 programas y acciones para el desarrollo social cuentan con contraloría social y el 4 por ciento de las intervenciones tiene vías para la participación ciudadana.