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Juez prohíbe a la PGJDF hablar públicamente del caso Narvarte

María Catalina de la Rosa, del Noveno Juzgado de Distrito de Amparo, concedió la protección de la ley a las hermanas del fotoperiodista asesinado y prohibió a los funcionarios de la PGJDF hablar en público sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte, por lo que la conferencia programada para hoy se suspendió.

María Catalina de la Rosa, Juez Noveno de Distrito de Amparo, prohibió a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hacer manifestaciones públicas sobre el multihomicidio ocurrido el 31 de julio pasado en la colonia Narvarte y los obligó a mantener el resguardo de la información.

Con esta decisión se suspendió, por lo pronto, la conferencia que estaba programada para hoy en la que se daría a conocer la situación jurídica de Abraham Torres Tranquilino, segundo de los detenidos por su responsabilidad en el caso

Hoy a las cinco de la tarde vence el plazo constitucional para definir la situación legal del detenido.


Se tratan de medidas cautelares que la juzgadora emitió tras aceptar el trámite y conceder una suspensión provisional de amparo a Alma Cristina y Perla Patricia, hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, una de las cinco personas asesinadas en el departamento 401, edificio 1909, de la calle Luz Saviñón.

Las mujeres promovieron el recurso legal en el que advirtieron cinco agravios por parte de la PGJDF con motivo de la filtración de información relacionada con el expediente FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, que les causaron daños "equiparables a tormento, con efectos de infamia".

En el expediente 804/2015 promovido ante la juez María Catalina de la Rosa quedó asentado en actas que las hermanas del fotoperiodista tramitaron el juicio de amparo el pasado jueves y alegaron violaciones a sus derechos humanos.

Se quejaron de que en el caso hubo omisión de la Procuraduría capitalina, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, para el resguardo de la información contenida en el expediente, además de las filtraciones de la información a la prensa.

Expusieron que dichas filtraciones generaron actos de estigmatización, criminalización y revictimización, que resultan equiparables a tormento y con efectos de infamia, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

Aseguraron que se vulneraron derechos a la vida privada, integridad personal, intimidad y datos personales, y las consecuencias sociales de hecho y de derecho que se generan en la esfera jurídica de los quejosos.

El viernes pasado la juez María Catalina de la Rosa notificó a través de los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación la aceptación del juicio de amparo y citó mañana para la realización de la audiencia incidental en la que determinará si entra o no al estudio de fondo de algunos de los agravios expuestos.

La juez estableció que las autoridades de la Procuraduría, incluidos el procurador Rodolfo Ríos, subprocuradores, agentes del Ministerio Público y hasta personal del área de Comunicación Social de la dependencia capitalina deben garantizar el resguardo de la información contenida en el expediente.

Por el multihomicidio de la colonia Narvarte, además de Abraham Torres Tranquilino, ya fue detenido Daniel Pacheco Gutiérrez; aún falta la captura de un tercer sujeto que participó en los hechos.

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