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Juez declara que etiquetas de alimentos y bebidas de Cofepris es inconstitucional

El juez consideró que el etiquetado es impreciso e impide conocer la cantidad real de azúcar que contienen los productos en perjuicio del consumidor, lo que se agrava en contexto social de emergencia por causa de la epidemia de diabetes y obesidad que vive el país.
David Saúl Vela
09 febrero 2017 14:5 Última actualización 09 febrero 2017 14:5
etiquetado alimentos

(Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Silva, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucional el sistema de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas diseñado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por la Secretaría de Economía.

Al resolver el amparo 1440/2015, el juez estimó también la inconstitucionalidad del artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en el que se prevé la información sanitaria general que debe contener el etiquetado de los citados productos.

Y es que advirtió que dichas disposiciones contravienen el derecho fundamental de los consumidores a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre los productos que ponen en riesgo la salud.

Explicó que se demostró que el etiquetado vigente en el país “es impreciso y en consecuencia impide conocer la cantidad real de azúcar que contienen los productos en perjuicio del consumidor, lo que se agrava en contexto social de emergencia por causa de la epidemia de diabetes y obesidad que vive el país, principales causas de muerte en México que, de acuerdo con el INEGI es de 90 mil muertes al año.

En su sentencia, el juez precisó que el sistema normativo de etiquetado de Cofepris no permite al consumidor identificar cuánta azúcar dañina para la salud (denominadas azúcares añadidos o agregados) contiene un producto, ya que en las etiquetas únicamente se muestran los llamados azúcares totales (que incluyen azúcar intrínseca y azúcares añadidos).

Advirtió que de este modo, el concepto de azúcares totales, utilizado en el etiquetado de Cofepris “tiende a ocultar el porcentaje del azúcar perjudicial para las personas que contiene un producto.

Acusó que el reglamento reclamado y el sistema de etiquetado de
Cofepris, parte de la errónea premisa de que la dieta diaria saludable tolera hasta 3 mil 600 calorías, y esa base se toma en cuenta para calcular y mostrar al consumidor en el etiquetado el porcentaje de azúcares que contiene un producto.

Sin embargo, los peritajes de especialistas desahogados en el juicio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud, han establecido que la dieta diaria saludable tolera solamente hasta un máximo de 2 mil calorías y esta base es la que debe utilizarse para calcular y mostrar en las etiquetas el porcentaje de azúcares respectivo.

“De manera que, el significativo aumento de 2 mil a 3 mil 600 calorías contenido en el etiquetado de Cofepris, genera que se distorsione el porcentaje de azúcares recomendado para una alimentación diaria saludable en perjuicio del consumidor”, agregó el juez Silva.

Por ello, ordenó que, de acuerdo al margen decisorio y en el ejercicio de sus competencias legales, la Cofepris y el director general respectivo de la Secretaría de Economía, modifiquen el sistema de etiquetado frontal de alimentos.

Dijo que el nuevo etiquetado debe contener, en forma clara, la cantidad específica de azúcares añadidos que podrían resultar dañinos a la salud del consumidor y se determinen los "azúcares añadidos" como máximo el 10 por ciento de la ingesta calórica total (2 mil calorías), equivalente a 50 gramos o 200 calorías al día.

Agregó que en caso de que se rebase dicha cifra, se debe advertir en el etiquetado frontal de alimentos sobre el riesgo a la salud que existe para niños y adultos por consumir el producto en forma habitual (diabetes/obesidad), por exceder la cantidad diaria recomendada por la OMS a esos efectos.

El juzgador destacó que si bien es verdad que el Estado no debe prohibir los productos y bebidas que elija el consumidor, ello no tiene el alcance de impedir que el Estado exija que las personas sean informadas sobre el contenido veraz de cada producto y posibles riesgos a la salud que implican.

“Esto es así ya que la libertad que debe ejercer el consumidor resultaría ilusoria si careciera de la información precisa sobre el contenido de tales productos, de manera que el deber a cargo de las autoridades de informar y advertir al consumidor sobre posibles riesgos a la salud constituye una garantía, y no un obstáculo, para el ejercicio del libre desarrollo de las personas”, concluyó.

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