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Jalisco obtiene primer lugar en IDES

El IDES produce un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades para el desarrollo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C. informó, en el Senado de la República, que Jalisco obtuvo el primer lugar en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo (IDES) 2018.

Con ello, señaló que el gobierno de Jalisco cuenta con capacidades institucionales adecuadas para implementar una política social transparente y participativa, mientras que 21 entidades federativas no cuentan con atributos mínimos y requieren medidas sustantivas de mejora.

El IDES produce un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas (donde para esta edición el estado de Coahuila no fue evaluada debido a que no contaba con un portal de transparencia al momento de la evaluación) de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades.

El primer lugar lo obtuvo Jalisco con una calificación de 87.5 puntos sobre 100, seguido por la Ciudad de México con 83.7 y Guanajuato con 80.9

Por el contrario, los estados con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social son Nuevo León con 43.5, Tlaxcala con 43.1 y Sinaloa con 41.0. La calificación promedio obtenida por las 32 entidades federativas fue de 58.9 puntos.

GESOC destacó que, con respecto a la medición 2017 -que generó un promedio general de 51.34 puntos-, las entidades federativas mostraron un avance significativo para este año en cuanto a su nivel de capacidades institucionales para la implementación de la política de desarrollo social.

El IDES 2018 clasificó a 311 entidades federativas en cinco categorías según su nivel de desarrollo de capacidades institucionales para la implementación de la política social.

Por otra parte, a partir de la sistematización de información sobre los programas sociales implementados por las entidades federativas, se identificó que, a pesar de existir algunos avances con respecto a la medición 2017, en su mayoría los programas sociales estatales carecen de elementos mínimos de institucionalidad, como transparentar su presupuesto aprobado o contar con evaluaciones sobre su diseño.

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