CIUDAD DE MÉXICO. Imputar una sentencia de 140 años, o señalar a alguien como responsable de homicidio en una investigación donde las pruebas del asesinato se reducen a fragmentos de huesos y cenizas, es una acción completamente legal.
De acuerdo con Gilberto Santa Rita, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y especialista en derecho penal del enemigo, la forma en que se han conducido las indagatorias del caso Ayotzinapa ha sido con apego a la ley, a pesar de no contar con gran cantidad de pruebas materiales.
"Por supuesto que es más fácil resolver un caso de homicidio si tenemos un cuerpo, sin embargo, esto no siempre ocurre y legalmente es posible llevar una investigación sin tener un cadáver", dijo el especialista.
"En la desaparición de los normalistas, como ocurre con las desapariciones forzadas, se inicia al revés: no aparece la gente, no hay rastros de ellos, y se inicia el caso", agregó.
Para el experto otros elementos de la averiguación son los testimonios, confesiones, videos y otras pruebas, como ocurre con los avances presentados por la PGR; sin embargo señala que una de las cuestiones que hace más compleja la situación es la falta de confianza en los gobernantes.
"Esto hace que las investigaciones periciales no sean creíbles. Los especialistas de Innsbruck nos pueden decir que los análisis arrojaron que los restos sí corresponden a los de una persona, pero cuando pasan por los filtros institucionales mexicanos, se contamina totalmente.
Para el titular de la carrera de derecho en la Universidad Iberoamericana, sean cuales sean los resultados, tienen que pasar por los filtros de especialistas mexicanos de mucho prestigio, por ejemplo de la UNAM, o del IPN, para que la gente pueda creerle al gobierno mexicano"