CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, concluyó hace unos días su tercer año de gobierno, marcado por focos rojos en materia de inseguridad, una crisis humanitaria de refugiados y asignación de contratos a obras por las que pagará al doble e incluso al triple, y que incrementarán la deuda del estado hasta en 400 por ciento.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016 concluyó en Baja California con una cifra histórica de asesinatos producto de la guerra entre tres cárteles del crimen organizado: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y el de los Arellano Félix.
Hasta noviembre pasado se documentaron mil 111 muertes violentas, de las cuales 80% fueron reportadas en Tijuana, seguido por Mexicali con el 10%. Un dato que llama la atención es que por primera vez en el municipio de Playas de Rosarito hay más asesinatos que en Ensenada (77 contra 63 casos).
Kiko Vega ha asegurado que en esa frontera no opera ningún cártel del crimen organizado y que las ejecuciones responden al enfrentamiento entre bandas dedicadas al tráfico de drogas al menudeo.
A esta situación habrá que sumar la crisis en la entidad producto del éxodo de migrantes haitianos que buscan una visa humanitaria en Estados Unidos. A la fecha son más de ocho mil personas varadas. Desesperados por no poder cruzar la frontera, estos haitianos hacen largas filas a diario frente al consulado norteamericano.
Wimler Matelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (CCDAM), dijo a El Financiero que "a estos miles de migrantes se les ve deambular por las calles de Tijuana, Ensenada y otros municipios del estado y su tragedia crece ante la incapacidad del gobierno estatal que no ha sabido hacer frente a esta crisis y la negativa de las autoridades migratorias de Estados Unidos para entregar visas".
Por otro lado, el gobierno estatal decidió hacer inversiones con las que hipotecará el futuro de los bajacalifornianos con obras que pagará al doble y en algunos casos al triple durante los próximos 37 años y que incrementarán la deuda del estado hasta en 400 por ciento.
La deuda pública de Baja California actualmente asciende a 10 mil millones de pesos, pero con 11 contratos firmados este año, que ascienden a 46 mil millones de pesos, las finanzas de la entidad quedarán comprometidas durante casi cuatro décadas. Bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), el gobierno de Vega de Lamadrid firmó estos contratos que representarán jugosos negocios para los empresarios, pero que, de acuerdo con cálculos realizados por este diario, si las obras y servicios que amparan se hubieran realizado bajo la figura de contratos a precio alzado y no mediante APP, el costo se hubiera reducido en casi la mitad, incluso si se hubieran contratado créditos con la banca comercial –aunque con Banobras hubieran resultado aún menos costosas.