CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo la retención de recursos a la Universidad o su nepotismo tienen a Graco Ramírez enfrentado con sus gobernados. La seguridad es una asignatura que ha quedado pendiente.
La delincuencia tiene sometida a la población morelense, con la fuerte presencia de grupos como Los Ardillos y Los Rojos, cuyo líder, Santiago Mazari Miranda, El Carrete, tiene a varios de sus familiares metidos en política local, principalmente en el municipio de Amacuzac.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 del INEGI, la tasa de delitos por cada cien mil habitantes fue de 43 mil 584 en Morelos el año pasado, cifra que supera incluso la media nacional, que fue de 41 mil 655. Al comparar la encuesta del INEGI del año pasado con la de 2014, la tasa de delitos como la extorsión, por ejemplo, pasó de 7 mil 299 a 12 mil 318.
De acuerdo con un estudio de la organización Causa en Común sobre la incidencia delictiva en Morelos, delitos como el de violación pasaron de 429 a 440 entre 2013 y 2014, lo que representa un incremento de 2.56 por ciento.
NEPOTISMO, EL SELLO DE LA CASA
Ayer en Morelos la comunidad universitaria protestó porque no se le han entregado apoyos económicos que el Congreso local ya había aprobado, pero antes otros sectores también lo han hecho por diversas causas.
Una de ellas, fue por el nepotismo del gobernador, cuyos familiares cercanos ocupan altos cargos en la administración.
El Financiero dio a conocer recientemente que Rodrigo Gayosso Cepeda, su hijastro, es el actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en esa entidad; que su nuera, Mónica Reyes Fuchs, se desempeña como secretaria de Turismo; que su exesposa, Olga Durón Viveros, es la titular del Instituto Morelense de Radio y Televisión; que su hermano, Rafael Garrido, es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable.
Más aún: que Javier Pérez, sobrino de su exesposa, es el fiscal de Morelos; que Ricardo Olmos, pariente de su esposa, se desempeña como subdirector de Recursos Materiales; que Alberto Barona, pareja sentimental de un familiar, es secretario de Administración.
POR MANDO ÚNICO CONFRONTAN A EDILES
Ante el avance del crimen organizado, Graco Ramírez propuso como solución el Mando Único, pero algunos alcaldes no estuvieron de acuerdo con este modelo, lo que les valió ser acusados por el gobernador de estar con el crimen organizado, lo que ha desatado un clima de confrontación entre el gobierno estatal y los alcaldes.
Así, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, o el de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, han sido descalificados y confrontados por el mandatario estatal por oponerse abiertamente a la implementación del modelo de Mando Único en sus municipios, al que han considerado como una solución que no resuelve los problemas de sus comunidades.
Parte de la población también se queja de abusos policiacos y de delitos cometidos por los uniformados.
En tan sólo dos años, la Comisión de Derechos Humanos ha recibido, en apenas tres meses de 2013, 119 quejas; para 2014, este número creció hasta alcanzar las 259, mientras que hasta noviembre de 2015 se recibieron 194.
SE ENDEUDÓ Y NADIE VIO UN CENTAVO
Resulta difícil aceptar que el gobernador de Morelos niegue recursos a la Universidad estatal, sobre todo porque, desde su llegada al cargo, Graco Ramírez solicitó un endeudamiento por dos mil 806 millones de pesos.
Aunque puede ser explicable por el hecho de que una parte importante de esos recursos se fueron en pagar mil 853 millones de pesos de obras y acciones realizadas por la administración anterior.
Además, dispuso de 208 millones 804 mil 265 pesos con 82 centavos para cubrir pagos atrasados a profesores del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; destinó 500 millones de pesos en la construcción de una nueva sede del Poder Legislativo y hasta se dio el lujo de invertir en la remodelación del estadio Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec.
Ante el mal manejo de las finanzas del estado, el gobernante fue denunciado penalmente (averiguación previa A.P./PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-X/066/2015-), por el delito de peculado y uso indebido de atribuciones.