CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el reglamento de la Oficialía Electoral, órgano que se encargará de constatar y documentar actos o hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral de este año.
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor mañana, establece los plazos para la tramitación, los ámbitos de competencia en los que el instituto puede actuar y los casos en que las peticiones se turnarán a las autoridades electorales locales.
Precisa que la Oficialía Electoral es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al INE a través del secretario ejecutivo y podrá ejercerse sólo en periodo electoral a petición escrita de los actores políticos (partidos o candidatos) o de manera oficiosa por parte del instituto.
Los actos o hechos relacionados con el proceso electoral local, aclara, se someterán a la fe de la Oficialía cuando el proceso local concurra con el federal y no sea posible deducir si la afectación incide en un proceso local o uno federal.
Mientras que las peticiones vinculadas exclusivamente a actos o hechos en procesos electorales locales no concurrentes, cuya organización total no haya sido asumida por el INE, serán remitidas a la autoridad electoral de ese ámbito.
El Consejo General autorizará la intervención de la Oficialía en casos no previstos y situaciones excepcionales en las que sea necesario garantizar la legalidad de los procesos electorales cuya organización corresponda al INE o en los procesos en los que éste intervenga.
El acuerdo difundido también señala los requisitos para pedir la intervención de la Oficialía, así como el procedimiento para darle atención y las responsabilidades de los funcionarios del INE que den fe de los actos que pudieran afectar el proceso electoral.
Para garantizar que los servidores que ejerzan la función de Oficialía tengan los conocimientos y probidad necesarios, el Instituto Nacional Electoral establecerá los programas de capacitación y evaluaciones, para lo cual podrá celebrar diversos convenios.
Los funcionarios deberán conducirse conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, en caso de no hacerlo podrán incurrir en responsabilidad.
El acuerdo, avalado por el Consejo General el pasado 19 de noviembre, indica que se debe realizar las adecuaciones a los instrumentos normativos en los que incida el ejercicio de la Oficialía, e instruye al secretario ejecutivo a realizar las acciones necesarias para su ejercicio.