El gobierno mexicano indemnizará con 3.3 millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el Ejército y a los sobrevivientes del ataque ocurrido el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comunicó que inicia así las acciones de reparación después de constatar que en Tlatlaya hubo "diversas violaciones de derechos humanos".
De acuerdo con una investigación, al menos 12 de las 22 personas asesinadas en esos sucesos fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares después de que los supuestos criminales se hubieran rendido.
El dinero se repartirá entre los afectados "por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos".
La investigación encontró que las víctimas incluían a tres mujeres que sobrevivieron al ataque y fueron torturadas para que apoyaran la versión del Ejército que mantenía que lo que ocurrió en Tlatlaya ese día fue un enfrentamiento.
La Comisión identificó a 28 familiares de los muertos esa jornada y a tres de los supervivientes pero por protección a la privacidad y seguridad de las familias no informará los nombres ni las cantidades que asignarán a cada uno.