Impugna CDH-CDMX Ley de Seguridad Interior
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Nacional

Impugna CDH-CDMX Ley de Seguridad Interior

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consideró que hay riesgo real para los organismos autónomos y es que recordó que las comisiones de DH protegen los derechos de personas cuya vida está en riesgo, como desaparecidos.

David Saúl Vela 
22/01/2018

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) promovió este lunes ante la Suprema Corte una acción de inconstitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Sería el séptimo recurso que se promueve ante el Tribunal Constitucional contra la citada Ley, la cual está vigente desde el 21 de diciembre pasado, luego de que la aprobó el Congreso y publicó el Ejecutivo federal.

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH-CDMX, precisó que dicha impugnación presentada esta tarde en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte, es contra el artículo 31 y tercero transitorio de la Ley de Seguridad Interior.

“Hay una disposición sobre que tenemos obligación de dar datos y datos personales básicamente, cunado nosotros somos un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos de las personas”, dijo en entrevista.

Consideró que hay riesgo real para los organismos autónomos en la aplicación de los artículos 31 y tercer transitorio, pues va contra la naturaleza misma de estos entes y los motivos para los que fueron creados.

Y es que recordó que las comisiones de derechos humanos protegen los derechos de personas cuya vida está en riesgo, como desaparecidos y víctimas de tortura.

“El artículo 6 de la Constitución nos impone una obligación de proteger los derechos arco, información que las victimas nos comparten y ponen a nuestro resguardo para hacer investigaciones diligentes”, agregó.

Una vez recibido el recurso, el Tribunal Constitucional resolverá si lo acepta o no a trámite, esto luego de revisar una serie de aspectos de procedencia, competencia y oportunidad con la que fue promovido.

Cabe destacar que este lunes vence el plazo para que autoridades, legisladores, partidos políticos u organismos de derechos humanos impugnen la polémica Ley de Seguridad Interior.

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