CIUDAD DE MÉXICO.- Tras conocer los multas que las autoridades fijaron a los jornaleros de San Quintín en Baja California acusados del delito de daños en propiedad ajena, luego de los disturbios que se presentaron en la colonia triqui al sur de Ensenada hace unos días, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) calificó dichas cantidades como "injustas, desmedidas, exorbitantes e impagables".
De igual manera recordó que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de la población, y pidió al gobierno evitar que los reclamos de los jornaleros sean criminalizados.
Cabe recordar que el martes pasado, el juzgado del Poder Judicial del Estado en San Quintín fijó una fianza de siete millones tres jornaleros y otra de 500 mil a cuarto más.
De acuerdo con la CDHDF desde la perspectiva legal, serían exorbitantes porque la Ley de Amparo es precisa respecto a que la fianza debe fijarse tomando en consideración la condición económica del quejoso, lo que implicaría tener en cuenta que en promedio ganan dos veces el salario mínimo (140.20 pesos al día).
"Si se fija la fianza considerando el daño causado se estaría prejuzgando sobre la responsabilidad de los hechos".
En este contexto, la CDHDF, señaló que es importante recordar que los derechos fundamentales del trabajo en México están definidos la Constitución y en las correspondientes leyes reglamentarias que en su mayoría coinciden con las normas internacionales de derechos humanos.