CIUDAD DE MÉXICO. Legisladores federales y locales del PRD denunciaron que las obras del cableado de fibra óptica en el Distrito Federal fueron entregadas a diversas empresas particulares en medio de corrupción y favoritismos, lo que no sólo significó un acto de abuso, sino que se violentaron los derechos de los capitalinos a acceder a un mejor servicio de energía eléctrica.
Los diputados sostuvieron que alrededor del 72 por ciento de los mexicanos en el país no tienen acceso a la justicia, no sólo judicial, sino también a la social.
La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez y los asambleístas Alejandro Ojeda, Gabriel Godínez y Angelina Hernández señalaron que Gobierno Federal está obligado a dotar de servicios públicos eficientes y suficientes a la población, porque de lo contrario estaría violentando los derechos humanos de las personas a tener una vida digna.
Lo más grave, sostuvieron, es que la actual administración pública no sólo pretende evadir esta responsabilidad, sino que está implementando políticas para privatizar todos los servicios públicos, a través de las concesiones, donde muchas veces, ya sea a través del tráfico de influencias o la complicidad con empresarios, se cometen actos de corrupción.
Informaron que de acuerdo con cifras del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el cableado de fibra óptica para dar servicio de voz, datos e imagen –incluido el servicio de internet– que en su momento instaló Luz y Fuerza del Centro, se usó para beneficiar a emporios televisivos y de telefonía celular, así como a WL Comunicaciones, entre otras.
En la última firma mencionada aparecen como socios mayoritarios nada menos que los ex secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, panistas a los que el gobierno de Calderón les ratificó sus concesiones al entregarles el uso de la infraestructura de Luz y Fuerza a precio de remate.
Señalaron que en el caso de Luz y Fuerza del Centro se contaba con una red de distribución de mil 100 kilómetros de conductor de cobre que hubiera permitido, a través de la conducción eléctrica, aprovechar el ancho de banda para dotar a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, sobre todo a los de más bajos recursos económicos, del servicio conocido como triple play –telefonía, televisión por cable e internet– a un bajo costo.
Es decir, gobiernos priistas y panistas sólo han visto por los intereses de sus aliados y hacen caso omiso de las necesidades de millones de mexicanos que no tienen acceso a este servicio.
"Y como prueba está la negativa del gobierno peñista de que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano en nuestra constitución porque con ello estaría obligado a atender esta necesidad de millones de mexicanos pobres que no tienen acceso a este servicio o combatir las altas tarifas de luz eléctrica que en los últimos años han castigado la economía de cientos de miles de usuarios del Centro del país", dijeron.