CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría General de la República (PGR) es la encargada de la investigación del caso Iguala, reconoció Ángela Buitrago, integrante del GIEI, al afirmar que ellos sólo buscan apoyarla para localizar a los normalistas desaparecidos y castigar a los culpables.
Durante una conferencia de prensa para explicar las segunda etapa de su trabajo en México, los especialistas coincidieron en que es necesario replantear las pesquisas para que sean las evidencias externas y no las declaraciones, las que generen certeza sobre los hechos.
Buitrago Ruiz ratificó que es la procuraduría la institución a cargo de las pesquisas mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sólo busca suministrarle medios para localizar a los normalistas y castigar a los culpables.
Acompañada por Alejandro Valencia Villa, Carlos Beristain y Francisco Cox, aclaró que cuando el GIEI presentó su informe en septiembre, el expediente tenía 126 tomos; actualmente tiene 151, de suerte que faltan por estudiar 25 en los que podrían ser respondidos varios de sus señalamientos.
Informó que apenas este jueves, la PGR les dio a conocer los nombres de los primeros cuatro integrantes del nuevo grupo de investigación, que al final estará conformado por 40 personas directamente vinculadas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de esa procuraduría.
Al dar lectura al documento donde se explican las características de esta nueva etapa, que abarcará de octubre de 2015 a abril de 2016, advirtió que "las gestiones para reiniciar la investigación con el nuevo equipo han tenido un retraso ajeno al grupo".
Además consideraron innecesario realizar un nuevo estudio de dinámica del fuego en el basurero de Cocula, como plantea la PGR, aunque de hacerse, recomendaron que lo realicen especialistas científicos del mayor nivel, con base en estándares internacionales.
El GIEI propuso además un decálogo de nuevas líneas de investigación, que incluyen evaluar los datos de telefonía de los normalistas y de los presuntos responsables de la agresión que sufrieron, así como de las nuevas evidencias.
También planteó revisar el llamado "quinto autobús"; el manejo de la información del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), y las denuncias de tortura con base en el Protocolo de Estambul.
Sobre este último tema, Francisco Cox recordó que tanto los estándares internacionales como la jurisprudencia mexicana desechan las confesiones bajo tortura y por ello "es necesario replantear las investigaciones, para que sean las evidencias externas a las declaraciones las que permitan crear convicción".
Sobre las declaraciones de los elementos del 27 Batallón del Ejército Mexicano, el GIEI indicó que el 26 de agosto declararon o ampliaron declaraciones 10 militares, de cuya diligencia no se proporcionó información al grupo.
"Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR. El grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos para investigar los hechos", expuso Cox Vial.
Los expertos también pidieron un mapa de fosas clandestinas y un mapa satelital de Pueblo Viejo y La Parota, que hasta la fecha no ha sido entregado, así como investigar en general el tema de desaparición forzada en la región, pues "los hallazgos en Carrizalillo muestran la gravedad de los casos".
Los integrantes del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se dijeron preocupados por la falta de información sobre los hornos crematorios públicos en la región, considerados clave para la investigación.
En la sesión de preguntas y respuestas, Carlos Beristain pidió que la investigación respecto a supuestas torturas a presuntos responsables, se haga con estándares que permitan procesos eficaces en términos de tratos a detenidos y garantías de debido proceso.
Cox Vial se negó a especular sobre eventuales ampliaciones de esta segunda parte de su mandato en México, al señalar que esperan los mejores resultados y la decisión, en todo caso, es del Estado Mexicano, que fue quien los invitó.
Aprovechó este momento para rechazar que reciba financiamiento de cualquier organización no gubernamental e indicar que el grupo no entra en polémicas a través de los medios de comunicación, además de que no les preocupan las opiniones de particulares sobre su trabajo.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes informaron que le solicitaron al Estado Mexicano la realización de nuevos cateos, aunque se negaron a dar detalles para no entorpecer las investigaciones.
Durante la conferencia realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, recomendaron también mayor control en la información que se publique sobre el caso, pues se debe atender primero a los familiares de los directamente afectados y después a la opinión pública.