Nacional

Habrá voto de castigo en estados endeudados, advierte el PAN

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados dijo que es indispensable dimensionar las consecuencias del incremento exponencial que ha tenido la deuda pública subnacional en los últimos 10 años. 
Víctor Chávez
04 abril 2016 18:29 Última actualización 04 abril 2016 18:47
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(Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- El sobreendeudamiento es un factor que considerará la ciudadanía durante el proceso electoral de este año, donde se renovarán gubernaturas en diversas entidades del país, pues el manejo irresponsable de los recursos implicará en el mediano y largo plazo una barrera para el desarrollo de las plataformas de los gobiernos entrantes, anticipó la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Arlette Muñoz Cervantes.

La legisladora federal de Aguascalientes aseguró que "aun cuando la percepción sobre los efectos negativos de estas prácticas entre la población es poco precisa, resulta indispensable dimensionar las consecuencias del incremento exponencial que ha tenido la deuda pública subnacional en los últimos 10 años, pues éstas abarcan insostenibilidad financiera, menores recursos para proyectos de inversión en beneficio de la ciudadanía y mayores cargas fiscales para los contribuyentes".

Por ello dijo, "el voto de castigo, para que aquellas administraciones que han incurrido en estas prácticas llevando su nivel de endeudamiento a cifras alarmantes, es una opción que considerarán los poco más de 82 millones de mexicanos que participarán en el proceso electoral de este año".

Destacó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entidades como Veracruz (45 mil mdp), Chihuahua (42 mil mdp), Coahuila (36 mil mdp), el Estado de México (33 mil mdp) y el Distrito Federal (65.8 mil mdp) registran las cifras más altas de sobreendeudamiento y un nivel de crecimiento anual de 15%, lo que coloca a sus administraciones como las peor evaluadas en la materia por instituciones del sector público y organismos del sector privado.

En este sentido detalló que el proceso de descentralización de Gobiernos municipales y estatales que ha tomado fuerza en la última década y que ha permitido fortalecer la autonomía operativa y financiera de los mismos, lamentablemente ha sido desvirtuado por representantes que han actuado de manera irresponsable anteponiendo intereses particulares frente a las necesidades de sus entidades.

Añadió por ello que además de las herramientas legislativas que permitirán establecer controles normativos y contrapesos en este terreno, como la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, la ciudadanía debe sumarse al rechazo de una práctica que podría escalar hasta convertirse en un problema sistémico o incidir de manera determinante en la ya complicada situación financiera del país.

“La deuda pública en algunas entidades es alarmante y representa un riesgo en materia de sostenibilidad financiera. Debemos continuar cerrando el paso frente a esta problemática que implica altos costos para las instituciones y los ciudadanos. Por ello el voto de castigo es una opción que el electorado debe considerar en los próximos meses”, apuntó.

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