Nacional
entrevista
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob

"Gran costo pagó el país por Tlatlaya y Ayotzinapa"

El recién nombrado subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernació afirma que Tlatlaya es un caso que hay que analizar, desmenuzar y que tiene que ver con el uso de la fuerza.
Nayeli Cortés
05 mayo 2015 1:28 Última actualización 05 mayo 2015 5:0
Roberto Campa asegura que el gobierno federal cumplirá con las recomendaciones de la CIDH en el caso Iguala. (Especial)

Roberto Campa asegura que el gobierno federal cumplirá con las recomendaciones de la CIDH en el caso Iguala. (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la presunta masacre de civiles y autodefensas a manos de policías federales en Apatzingán, y las supuestas ejecuciones realizadas por militares en Tlatlaya han afectado al gobierno federal. A su vez, aseguró que es necesario revisar y actualizar los protocolos de actuación de las policías de todos los niveles para sensibilizarlas en materia de derechos humanos.

“Sin duda (estos casos) han afectado al gobierno federal, pero éste ha asumido la parte que le corresponde”, concluyó en entrevista con El Financiero.

Sin revelar nombres, informó que el gobierno ya inició la reparación del daño (indeminización) de varios familiares de víctimas mortales de Ayotzinapa y Apatzingán, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Reconoció que estos casos se han usado políticamente, aunque aclaró que eso no menoscaba el daño real que sufrieron las víctimas. “Estos casos han resultado con un costo extraordinario para el país. Ciertamente, ha habido esta característica (uso político), pero de ninguna manera los deslegitima”, dijo.


Roberto Campa tiene menos de dos semanas como subsecretario de Derechos Humanos y ya se reunió con diputados, organizaciones civiles y atestiguó la aprobación de reformas constitucionales para facultar al Poder Legislativo a emitir normas en materia de tortura y desaparición forzada.

El funcionario rechazó haberse sacado “la rifa del tigre” con el cargo, aunque aceptó que su encomienda implica “un reto importante”.

“Estamos viviendo la época de los derechos humanos”, es decir, los ciudadanos están más conscientes que antes de su existencia y por ello, demandan su respeto.

Sobre lo ocurrido en Tlatlaya dijo: “es una muestra de una circunstancia que debemos analizar, desmenuzar y que tiene que ver con el uso de la fuerza. Hay que avanzar en la definición de protocolos” de actuación policial.

A los límites del uso legítimo de la fuerza, consideró, se suma la capacitación de esos cuerpos policiacos para que estén conscientes de que su actuación no pasa por violar los derechos humanos.

Pese a la presunta participación de la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas y en la masacre de Apatzingán, Roberto Campa consideró que no es necesario implementar una estrategia para mejorar su imagen, pues el cuerpo policiaco sale bien evaluado en las encuestas.

“Tenemos encuestas en las que preguntamos por las corporaciones de seguridad. Son las municipales y las estatales (las que tienen evaluaciones negativas), la Policía Federal tiene más credibilidad”, concluyó.

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