Nacional

Gobierno mexicano responde a posicionamiento de ONU sobre Ley de Seguridad

Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU-DH, emitió un comunicado en el que consideraba un error la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ahora se discute en el Senado. 
Anabel Clemente
14 diciembre 2017 16:59 Última actualización 14 diciembre 2017 16:59
Militar

Militar (cuartoscuro).

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de una carta dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra'ad Al Hussein, el gobierno Mexicano responde a la petición de no aprobar la Ley de Seguridad Interior.

El pasado 4 de diciembre, Ra’ad Al Hussein emitió un comunicado en el que consideraba un error la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ahora se discute en el Senado, principalmente por su preocupación a que el Ejército tome acciones que deberían estar en manos de las policías.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República manifestaron en una misiva su “gran sorpresa” por el pronunciamiento del Alto Comisionado, ya que el organismo internacional no tomó en cuenta las amenazas de seguridad interior de México.

En la carta se asegura que los retos que enfrenta México en materia de seguridad interior son causados por el consumo de drogas en Estados Unidos, la persistencia del tráfico ilícito de armas de alto poder y la decisión del gobierno de Estados Unidos de desviar hacia México el flujo de drogas ilícitas proveniente del sur del continente.

“Bajo esas condiciones, es sumamente difícil que las policías municipales y estatales hagan frente a la incidencia delictiva y a la violencia que las organizaciones criminales han desatado, por lo cual el estado mexicano ha tenido que convocar como último recurso, el auxilio de sus Fuerzas Armadas. En ningún caso su actuación suplanta a las autoridades civiles legítimamente constituidas”, señala la carta firmada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SER; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, e Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

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