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Gobierno de NL apelará que sólo le imputen un delito a Medina

La fiscalía afirma que KIA no es el único caso por el que indaga al exgobernador.

NUEVO LEÓN.- El gobierno de Nuevo León impugnará la decisión del juez Jaime Garza Castañeda, quien vinculó a proceso al exgobernador Rodrigo Medina sólo por el delito de ejercicio indebido de funciones y no por los de peculado y daño al erario. Con el fin de revertir la sentencia, la fiscalía estatal prepara carpetas de investigación, diferentes al caso KIA.

"La Fiscalía ha señalado que el caso de KIA no es el único que se está investigado en relación a Rodrigo Medina como gobernador. Son otros casos igualmente importantes, significativos en su contenido económico, como es Monterrey VI, Metrorrey, Ecovía y el sistema de autopistas", dijo Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo Léon, quien señaló que estas investigaciones se presentarían dentro de los próximos tres meses.

Aldo Fasci, asesor del actual gobernador, Jaime Rodríguez, indicó que "debemos exigirle al Tribunal de Justicia que haga un esfuerzo de unificación de criterios".

Luego de que la dependencia responsable de los contratos de KIA Motors con el gobierno estatal fue la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que tras la declaración de Medina, éste deja prácticamente solo a Rolando Zubirán, titular de esa dependencia durante su gestión.

Aunque el mérito de la llegada de KIA a la entidad siempre se le dio al entonces mandatario estatal, Zubirán fue uno de los principales estrategas en las negociaciones. El pasado 2 de julio la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a Zubirán Robert y cinco exfuncionarios más por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores.

También a solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León y derivado de la Operación Tornado, un Juez de Control decretó el aseguramiento precautorio de bienes de 11 exfuncionarios de la administración estatal anterior, entre ellos de Zubirán.

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