CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la inhabilitación por tres años del exsecretario de Obras local, Alfredo Hernández, por el delito de conflicto de interés, pues habría asignado contratos millonarios para la adquisición de luminarias a la empresa Planet Ingeniería, donde su esposa, Erika Molina Barragán, se desempeñaba como la directora comercial.
En entrevista, el contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, reafirmó que la dependencia a su cargo logró demostrar las irregularidades en que incurrió el exfuncionario, quien fue despedido de su cargo el pasado mes de marzo de 2015, luego de que fue designado titular de Obras en 2013, en sustitución de Luis Alberto Rábago, quien falleció el 28 de agosto de ese año.
"Por primera vez de forma inédita se ha confirmado la validez de la resolución impuesta por parte de la Contraloría General, obviamente tendrá los recursos y la defensa que él estime conveniente pero estamos seguros que el tema de conflicto de intereses, como un tema complicado de comprobar, hemos impulsado las resoluciones y tenemos este primer caso, la sanción es por tres años, es inhabilitación y seguirá su cauce correspondiente", explicó el servidor público.
Por ese mismo caso también fueron inhabilitados los exfuncionarios Rodrigo Atilano, quien era director de Servicios Urbanos; Javier Bojórquez Valle, subdirector de Concurso y Contratos de Obra; y Rubén Arceo Islas, director de procedimientos de licitación.
Entrevistado luego de la implementación de la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, Rovelo Pico dio a conocer que también se han sancionado a otros ex funcionarios por actos irregulares, como Edgar Armando González, ex oficial mayor por la compra anómala de Toner y de neumáticos para vehículos oficiales.
También recordó el caso de Inti Muñoz, quien estuvo al frente de la Autoridad del Centro Histórico, ante los daños ocasionado a la estatua ecuestre conocida como "El Caballito".
El contralor general capitalino indicó que durante 2015 fueron sancionados por diversas irregularidades 5 mil servidores y exservidores públicos.