CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2015 las instituciones que integran las fuerzas federales (Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina y la Policía Federal), acumularon mil 776 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), principalmente por detenciones arbitrarias; e como infringir tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas.
Así se desprende del informe 2015 que este martes presentó Luis Raúl González Pérez, titular del organismo, ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dichas instituciones están en la lista de las 10 más señaladas por violación a derechos humanos en contra de los ciudadanos.
Según las cifras, las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante 2015, fueron la prestación indebida del servicio público en 3 mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones mil 871; omitir proporcionar atención médica mil 697; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; omitir motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.
Las entidades federativas en las que se reportó una mayor frecuencia en la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: Ciudad de México, con 2 mil 350 casos; el Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302; y Michoacán 299.
De acuerdo con las cifras de la CNDH en 2015 se emitieron 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan el IMSS en 13 ocasiones; la Comisión Nacional de Seguridad en siete; así como el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones.
Los motivos de las recomendaciones fueron, entre otras, ejecución arbitraria, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, ataques a la libere expresión, indebida atención médica, entre otros.
En los registros se señala que hubo un incremento del 18 por ciento en el número de expedientes de queja iniciados, al radicarse 9 mil 980 nuevos asuntos durante 2015, frente a 8 mil 455 de 2014.
En 2015 se resolvieron además 44.6 por ciento expedientes de queja más que en el período previo, toda vez que en este año se concluyeron 10 mil 157 expedientes en comparación con 7 mil 022 de 2014.
Al dar a conocer estas cifras ante el pleno de la Suprema Corte, Luis Raúl González Pérez, dijo que México tiene un débil Estado de Derecho.
"Más allá de los casos como los de Tlatlaya, Apatzingán o Iguala que por su gravedad y trascendencia han conmovido e indignado a la sociedad, día con día las mexicanas y los mexicanos convivimos con la debilidad de nuestro Estado de derecho, la impunidad, la corrupción, la inseguridad y, no en pocos casos, con la violencia, la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado y condiciones de verdadera indefensión ante los abusos de poder y las acciones delictivas", señaló.
Aseguró que es necesario acelerar la implementación al 100 por ciento de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues a cinco años de su puesta en marcha aún se ha concluido con la regla complementaria de la misma.
"Aún es una aspiración o un buen deseo el que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos en su actividad ordinaria; y todavía estamos discutiendo y tratando de entender el alance de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos fundamentales, así como la forma en que las autoridades, de los distintos niveles y órdenes de gobierno, deben aplicar los mismos", dijo.
Comentó que la persistencia de la corrupción y de la impunidad en el país han erosionado la confianza de la sociedad en las instituciones y propician o están vinculadas con violaciones a los derechos humanos.
Por último advirtió que el cumplimiento y aplicación de la ley incidirían en la prevención y abatimiento de esos dos problemas sociales.