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Fuerza excesiva e ilegal de militares en Tlatlaya: diputados

En las conclusiones de la comisión especial sobre Tlatlaya en la Cámara de Diputados, también se asegura que “este hecho tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”; el documento será revisado por el pleno el próximo martes. 

CIUDAD DE MÉXICO. El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso de Tlatlaya, estado de México, concluyó que "en la muerte de 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados".

En las conclusiones de este trabajo se asegura que "este hecho tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales".

No obstante, los diputados integrantes de esta comisión expusieron que "diversas razones impiden determinar con precisión las circunstancias de la muerte de 22 personas en Tlatlaya".

En su informe final, la comisión especial establece que el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, se violaron los derechos a la vida en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia contra 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres personas más.

Sin embargo, aseguraron que en este caso encontraron ''alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del gobierno del estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos''.

Este documento, de 46 cuartillas, enviado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que sea discutido en la sesión ordinaria del próximo martes, la comisión especial establece que ''es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento''.

Más aún: se propone un regreso paulatino de las tropas a sus cuarteles abandonando así las labores de seguridad pública y vigilancia.

Así, la comisión especial del caso Tlatlaya pidió que el texto que elaboraron se turne al presidente de la República, al de la Corte, al del Senado, al de la CNDH, , al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además sostuvieron que "es imprescindible que Sedena esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; al control estricto de sus actos por parte de superiores; al cumplimiento de protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de sus acciones''.

Y estableció en su documento como ''de suma importancia que la PGR informe públicamente los avances de las investigaciones de los militares bajo custodia y diga si inició investigaciones penales por el daño a derechos humanos derivado de la dilación de 11 semanas para comenzar la averiguación previa por el asesinato de 22 personas''.

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