VERACRUZ.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha cometido omisiones al integrar el expediente sobre el caso de Daphne, joven abusada sexualmente por 'Los Porkys', aseveró el abogado de la víctima, Jorge Winkler Ortiz.
En entrevista para El Financiero explicó que ha existido una gran dilación pues la consignación del caso que recientemente hizo la FGE, se realizó con los mismos elementos que habían sido aportados por la víctima desde hace un año.
Cabe resaltar que el fiscal, Luís Ángel Bravo Contreras, justificó la demora para consignar el caso ante un juez a que supuestamente las partes estaban aportando nuevas evidencias; sin embargo el abogado dijo que es falso pues la familia de la víctima presentó las evidencias desde mayo del año pasado.
Expresó que el tiempo que ocupó la fiscalía para consignar el caso únicamente sirvió para permitir a los jóvenes acusados escaparan y añadió que Bravo Contreras se ha erigido como defensor y protector de los culpables y no de la víctima.
"Se les dio mucho tiempo para planear como escapar, ahora yo espero que ese tiempo se recupere a través de una acción efectiva, (...) esas pruebas son las mismas, exactamente las mismas que constaban en el expediente desde el 29 de mayo del año 2015, con esas pruebas el fiscal viene a consignar", sentenció.
Asimismo comentó que la dependencia omitió contemplar el delito de privación ilegal de la libertad contra los cuatro jóvenes, lo que permitió que a uno de ellos, -Gerardo Rodríguez Acosta, no se le impute ningún tipo de delito y no sea buscado por la justicia.
Explicó que actualmente únicamente existen tres ordenes de aprensión contra Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz, por el delito de pederastia.
Ante ello, Winkler Ortiz indicó que buscará que Rodríguez Acosta sea imputado por el delito de privación de la libertad y de omisión de auxilio.
De acuerdo al Código Penal vigente en Veracruz, por el delito de pederastia, los jóvenes podrían enfrentar de cinco a 30 años de prisión, pero en caso de demostrarse el abuso tumultuario, la pena sería de 10 a 40 años.
Por su parte, María Elena Bretón de la Cruz, abuela de la menor manifestó que Luis Ángel Bravo Contreras debe renunciar por la forma que ha llevado este y otros casos pues a su parecer es claro que no esta capacitado para ocupar el puesto de fiscal.
"Que renuncia, porque le viene grande el saco, le viene grande el cargo. No tiene caso que tengamos gentes ineptas en nuestro gobierno, gentes vendidas", señaló.