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FEPADE reprocha falta de recursos; 'de 10 mdp, 7 se van en viáticos'

Marcos Díaz, titular de la FEPADE, se quejó que no cuenta con los recursos ni con el personal especializado para atender las denuncias de más de 200 posibles delitos electorales.

El titular de la Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz Santana, se quejó ante diputados federales que no cuenta con los recursos suficientes ni con el personal especializado para atender las denuncias de más de 200 posibles delitos electorales.

Les expuso que cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos, de los cuales siete "se van para viáticos de personal comisionado en los estados".

"No tenemos un solo policía de investigación ni peritos especializados en la propia Fiscalía; lo que tenemos es personal prestado de la PGR", dijo el fiscal, al participar en el foro "Sistema electoral, financiamiento de campañas y mecanismos de control de recursos ilícitos en los procesos electorales 2017-2018", organizado por la Comisión Especial para Combatir el uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales.

Detalló que la Fiscalía –la que asumió apenas el pasado 15 de diciembre– tiene un rezago de 4 mil expedientes que datan, incluso, de 2008, por lo que "tendremos que ser creativos" para poder avanzar en su desahogo, advirtió.

En su exposición, y en sus respuestas a las preguntas de los legisladores e invitados al foro, Díaz Santana informó también que tan sólo en los últimos siete meses recibió mil 500 denuncias, de las que abrió 633 carpetas de investigación y se lograron 250 consignaciones, pero sólo 16 condenas acusatorias.

Señaló que las entidades con los mayores números de denuncias son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo y Coahuila. Dijo que tan sólo el Estado de México concentra el 63 por ciento de las denuncias, entre las que destacan las alteraciones de Registro de Electores, que acumula el 98 por ciento.

Entre otras, figuran el uso de recursos públicos para la compra de votos, el mal uso de credenciales de elector, condicionar la prestación de servicios públicos y el apoyo a candidatos de parte de los servidores públicos en horas de trabajo.

Indicó que en tres denuncias hay ya dos personas "judicializadas" por irregularidades cometidas al recabar firmas de los precandidatos independientes y no descartó, incluso, que pudieran enjuiciar a los propios precandidatos.

Comentó que por el delito de alterar el Registro Nacional de Electores, los señalados como culpables podrían alcanzar una pena de entre tres y seis años de prisión.

Precisó que las tres denuncias presentadas, en enero pasado, por el propio INE ante la FEPADE referentes a las firmas, fueron en contra de personal de candidatos a diputados, a senadores y a la Presidencia.

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